“Tuvimos que aguantar de todo”, el relato de la familia del camionero sobreseído

Héctor Romero (72) se enteró por teléfono. Su abogado le avisó que ya no estaba preso. El camionero pasó seis meses con tobillera electrónica y arresto domiciliario en su casa de Güemes, en Salta. Solo podía salir, previo autorización del juzgado, para controles médicos vinculados a un cáncer de próstata que lleva tiempo combatiendo.

Romero salió este lunes. Su hija le pidió que fuera a buscarla al negocio en el que trabaja y eso fue lo primero que haría con su inminente libertad. Enseguida sonó el teléfono: el monitoreo de su tobillera seguía activo a pesar de la notificación judicial y tardaron unas horas en explicarle cómo proceder.

Esa libertad, esa urgencia por salir, tuvo un recordatorio rápido de un proceso largo y doloroso que todavía tiene algunos capítulos por resolverse.

Entre una apelación en marcha, la angustia de la familia y la indignación por la impunidad alrededor del caso, la familia de Romero celebró la noticia, pidió que se “sepa la verdad” de lo que pasó con María Cash y esperan que -a partir de ahora- el camionero “re encause su vida”.

Héctor Romero tuvo nueve hermanos, una falleció hace dos años, pero el resto lo acompañó durante estos meses de encierro.

El hombre se quedó en su casa de Güemes junto a su esposa y trabajó en el taller que montó ahí. Oscar Romero (79), uno de sus cuatro hermanos varones, habló con Clarín y contó cómo pasaron estos días “bajo sospecha”.

“Recibimos la noticia con sorpresa porque no teníamos novedades hacía mucho. Con mucha alegría por supuesto, por lo que ha decidió la justicia. Héctor tiene cuatro hijas mujeres, y estuvo al cuidado de su esposa por cuestiones de salud. Y también con acompañamiento psicológico porque bueno, no todos estamos tan fuertes para aguantar una situación como esta”, explica Oscar.

Los Romero son de Güemes y, de acuerdo a lo que manifestaron, “recibieron el apoyo del 99 por ciento de las personas” porque son una “familia conocida”.

Principalmente, explican, porque Romero trabajó durante 50 años para la familia de Miguel Segura, dueño de un supermercado y de empresas en la zona, y uno de los nombres investigados en las escuchas telefónicas que, de acuerdo a la acusación del fiscal Federal Eduardo Villalba, lo comprometían.

“Mi hermano permanentemente tenía la casa con gente, en ningún momento se sintió solo, aislado sí, porque no podía salir ni a la vereda sin permiso del juez”, detalló.

Romero salió de su casa el mismo día que la jueza federal de Salta, Mariela Giménez, dictó su sobreseimiento, de cumplimiento efectivo. Pero el camionero aun estaba siendo monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibió un alerta sobre sus movimientos.

Ante esta situación, el SPF consultó a la justicia y fue notificado del fallo de la magistrada, por lo que, al encontrarse a varios kilómetros de distancia de Romero, le dio a este instrucciones para sacarse él mismo la tobillera y desactivarla manualmente. El dispositivo todavía se encuentra en su casa, a la espera de que lo retiren.

Por su parte, Oscar estaba en Tucumán visitando a su hijo cuando se enteró de la noticia. No bien le avisaron regresó a Güemes para acompañar a su hermano y atender a los medios.

“Hicimos una marcha de silencio en diciembre y nos acompañó la gente de Güemes. Después no quisimos hacer más porque queríamos dejar que la justicia trabaje tranquila, sin presiones, para que esto no se vaya por otro carril”, agrega el hombre, que dijo que “siempre” tuvieron la seguridad de que Héctor “es inocente”.

Clarín intentó comunicarse con Héctor, a través de su abogado, Fernando Díaz, pero no quiso hablar con la prensa porque “estaba muy mal”.

“Él es muy de perfil bajo, mi hermano no se quiere exponer, así que no quiere aparecer. Bastante lo han expuesto con esas fotos detenido por todos lados”, asegura Oscar y agregó que, además del “daño psicológico, físico y emocional, el daño económico fue tremendo”.

“Mi hermano y todos en la familia tuvimos que sacar dinero de donde no había para pagar la defensa de la causa. Y, si bien en Güemes recibimos mucho apoyo, las redes sociales no perdonan: tuvimos que aguantar de todo. Recibimos castigos, improperios y uno se lo tiene que bancar y seguir para adelante. Le va a costar mucho seguir con su vida porque las manchas que le propiciaron va a costar sacárselas”, resume.

El abogado Fernando Díaz explica a Clarín que el expediente por la desaparición de María Cash “tiene 420 fojas” y que “la investigación fue más que suficiente”.

Para el defensor del camionero “se logró determinar que Romero no tenía ninguna implicancia en lo que pasó con María Cash”, como sostuvo “siempre”.

“Desde un primer momento, el señor Romero declaraba su inocencia, estaba convencido de que él no cometió este delito y prestó su conformidad para que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Se había presentado un informe en la que pretendían confundir a la opinión pública diciendo que no era coincidente su declaración, pero después quedó probado en el expediente que él manejaba dos camiones y que con el más nuevo tardaba dos horas y media en hacer el recorrido y con el otro, más viejito, tres”, detalla.

Para Díaz, se pusieron “todos los recursos del Estado, muchos con los que estaban buscando a Loan Danilo Peña (el nene de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes) y el resultado fue negativo. Es una lástima eso”.

“Falta saber lo más importante que es qué pasó con la desaparición de María, deseamos fervientemente que haya indicios de qué pasó con ella para liberar a mi hermano completamente de culpa y para que todos conozcan la verdad de la desaparición de esta chica”, añade Oscar.

Y cerró: “Había especulaciones alrededor del caso, como si tuvieran la intención de que pasara el tiempo, de que la enfermedad se lo llevara a mi hermano y así el caso quedara cerrado como que el culpable no existía, pero mi hermano es fuerte y se mantuvo firme. Ahora es tiempo de salir adelante”.