todo lo que hizo mal durante el juicio por la muerte de Maradona

Con 27 años de carrera en el Poder Judicial, la jueza Julieta Makintach (47) es la protagonista de uno de los escándalos judiciales más resonantes de los últimos tiempos. El lunes tuvo que renunciar al Tribunal del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ante las pruebas irrefutables de que durante las audiencias se grababa una serie que tiene a ella como protagonista. “Justicia Divina” es el nombre del documental de seis episodios, del que además se conocieron el tráiler y el guión.

Antes de aceptar las recusaciones en su contra, Makintach esgrimió un intento de defensa. “No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño, lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate”, dijo, en línea con lo que sostenía hace más de diez días, cuando aparecieron las primeras sospechas.

Más allá de las repercusiones y todo lo que pasó con el juicio, que ahora está en un limbo hasta este jueves al mediodía, Clarín consultó a especialistas en Derecho para saber por qué es irregular lo que hizo la jueza recusada. En otras palabras, qué es lo que está mal con la grabación del documental en un juicio oral y público o usar las instalaciones del Poder Judicial, entre otras de las actitudes que le reprochan.

“Filmar una serie es una actividad comercial prohibida para los jueces y mucho más si se relaciona con el ejercicio del cargo. Vicia su imparcialidad y la exigencia ética del buen desempeño”, explica Andrés Gil Domínguez, reconocido abogado constitucionalista, en diálogo con Clarín.

“Desde una mirada constitucional, estamos frente a la violación del principio de legalidad, uno de los principios jurídicos que fundamentan la constitución de un Estado de derecho. Todo esto me genera un enorme rechazo porque me parece tremendo que una magistrada, quien está encargada de defender el orden constitucional, cometa semejantes violaciones a la ley y actúe como una actriz de cine”, cuestiona Daniel Sabsay, otro reconocido abogado constitucionalista.

Para Adelina Loianno, profesora en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la gravedad del asunto reside en el hecho de que las cuestiones que sobrepasan los límites del debido proceso legal habilitan a que los abogados pidan nulidades y eso puede significar la caída del proceso.

Es que la figura del juez está rodeada de estrictas responsabilidades que garantizan los derechos de todas las personas. Por eso, tiene dos compromisos ineludibles: independencia (ajena a la influencia de otros poderes y grupos de presión) e imparcialidad (no puede estar involucrado en la contienda o intereses de partes).

“El juez es un tercero ajeno en el proceso judicial y no puede ser protagonista de nada. Sus funciones son escuchar, evaluar la prueba, ver las evidencias y dictar una sentencia que, si fuera condenatoria, va a significar una carga enorme para los derechos, la vida y libertad de una persona”, conversa Loianno con Clarín.

Y dice que el decoro, que no está escrito en la Constitución Nacional ni en el Código Penal, representa una parte del comportamiento formal y ético de un juez. “Las cuestiones personales del juez no pueden trascender al rol que está ejerciendo. En este caso se advierte un afán de notoriedad y una frivolidad inexplicable e inaceptable que impacta en la sociedad. Hoy, cualquier asunto judicial se discute en la calle lo que implica una evolución de la democracia, pero en ese debate no puede involucrarse al juez”, expresa Loianno.

Así, las fuentes consultadas coinciden en que el descrédito de la jueza se vincula tanto con cuestiones éticas como con incumplimientos legales. “Tanto la Constitución como los tratados internacionales expresan que el juez debe ser independiente, imparcial y competente, estar ajeno a lo que se está juzgando dentro del proceso”, insisten.

De hecho, fue el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, el primero en recusar a la jueza por el modo en el que interrogó a Agustina Cosachov y a Víctor Stinfale. “Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach”, había dicho en la audiencia. La sospecha es que la jueza sobreactuaba para lucirse en la serie.

En medio de las sospechas por la filmación de un documental, casualmente, a algunas de las partes les llamó la atención la actitud de la jueza Makintach contra algunos de los acusados, como sobreactuando sus preguntas.

“La Constitución dice que el juez puede ser removido por mal desempeño o por delito. Para mí la conducta de la jueza no encuadra dentro de ninguna conducta penal, pero sí es una falta constitucional que es el mal desempeño (incluye cualquier circunstancia que pudiere afectar el rol del juez en cuanto a su actitud ajena a los intereses que se ventilan en el proceso). Tenía la responsabilidad de resguardar lo que sucedía dentro del Tribunal”, sostiene Loianno.

Y agrega: “La cuestión de la difusión de sus fotos personales es secundaria. El tema fundamental es la situación que se expone con respecto a terceros que denuncian una irregularidad”.

En cambio, Luis Cevasco, abogado penalista, plantea que la jueza pudo haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que está tipificado en el artículo 248 del Código Penal.

“Tiene obligación de guardar reserva del juicio hasta la sentencia, aunque sea público. ¿Por qué? Porque los testigos pendientes no deberían conocer los testimonios anteriores y el hecho de permitir una filmación no autorizada por el Tribunal genera un riesgo en ese sentido. Ella debió haberse ajustado a las decisiones del tribunal sobre el alcance de la publicidad”, explica Cevasco.

También se descubrió que el domingo que entró a los Tribunales de San Isidro con un equipo de filmación a grabar imágenes para la serie no pidió permiso a la Cámara de Apelaciones ni dejó su ingreso ni el de las otras personas asentado en el libro de guardia.

Más allá de esta posibilidad penal, todos coinciden en que debe ser juzgada por mal desempeño y en consecuencia, ser sometida a un jury de enjuiciamiento por la comisión de actos considerados inconstitucionales o graves incumplimientos de sus deberes. Al cierre de esta edición ya había tres pedidos de juicio político contra Makintach en la Secretaría Permanente de enjuiciamiento bonaerense.

“No recuerdo ningún antecedente similar sobre una jueza con ansias de influencer que vende como producto digital un juicio”, resume Gil Dominguez.