Uno de los 13 acusados de abuso y pornografía infantil que fueron atrapados en el megaoperativo judicial y policial que se desplegó en Buenos Aires esta semana no necesitó ser detenido: estaba alojado en una cárcel bonaerense condenado por intento de asesinato agravado por ensañamiento.
Es decir: desde su celda y con un celular ejecutaba esta nueva actividad ilícita: los investigadores constataron que –por lo menos– extorsionaba menores a partir de maniobras de “grooming” y haber obtenido fotos íntimas utilizando identidades falsas.
Uno de los 165 allanamientos que se concretaron esta semana como parte del operativo “Protección de las Infancias V” se hizo en el penal de máxima seguridad de Junín. En un pabellón de la Unidad Penitenciaria N° 13, secuestraron dispositivos y otras pruebas a un hombre de 26 años que es el principal sospechoso de llevar adelante estas acciones desde su lugar de reclusión.
Según contó a Clarín el fiscal de Junín, Fernando Graffigna, quien instruyó esta parte de la causa, el primer indicio de un hecho de posible tráfico de material “intimo” llegó desde una de las ONG internacionales dedicadas al rastreo de estos delitos. Se trataba de un “intercambio” de datos y conversaciones íntimas que un adolescente de 14 años, de Caracas, Venezuela, hacía con una presunta mujer. Que al final le pidió una foto explícita.
El intercambio era con un celular que estaba registrado en la cárcel de Junín. Estaba a nombre de otro detenido, quien terminaba de cumplir su condena en menos de una semana. Por eso, debían apurar el trámite.
Pero luego se pudo establecer que ese aparato era usado por otro preso de ese pabellón. En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está permitido el uso de telefonía celular por parte de los internos. El único requisito que deben cumplir es informar los datos en un registro. Los presos pueden requerir un dispositivo (a los familiares) si lo pierden, se rompe o se los roban adentro.
Graffigna explicó que cuando encontraron el aparato desde donde se hacían las llamadas, lo estaba usando otro preso. “Además, hubo una suplantación de identidad. Se hizo pasar por una mujer joven, armó perfiles de redes sociales y todo para convocar a menores y pedirles material. Se supone que era para luego extorsionarlos”. Eso ocurrió -al menos- con el chico venezolano. “Es probable que ese haya sido el modo de operación de este imputado”, evaluó el fiscal.
Otro preso con celular que traficaba material de abuso sexual infantil
En la Unidad 13 hay 980 alojados en celdas y pabellones. Graffigna intervino en otros 6 hechos que se registraron en su jurisdicción. El caso del preso que hacía extorsiones desde prisión no es inédito.
En noviembre del año pasado, en el operativo para protección de infancias anterior a este, se conoció el caso de un preso que con su celular traficaba material de abuso sexual infantil desde su celda.
Lo identificaron como Víctor Hugo Balderrama (34) un albañil condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores. Las imágenes y videos que vendía con su dispositivo eran de los abusos que él mismo cometió, revictimizando a sus víctimas.
Este nuevo episodio involucra a un condenado por tentativa de homicidio agravada por alevosía y ensañamiento. Está en esa penitenciaría desde hace 5 meses, tiene antecedentes y fue procesado en los tribunales de Pergamino.
El jueves 12 se conoció un extendido procedimiento judicial y policial para atacar la pornografía infantil y posibles casos de pedofilia. En esas intervenciones, 10 chicos fueron “rescatados” de redes dedicadas a la comercialización de este tipo de material y otros 63 niños, niñas o adolescentes lograron ser separados de sitios u hogares donde se realizaban estos delitos.
La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense informó que se realizaron en 84 ciudades de la Provincia de manera simultanea. El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés, junto a los fiscales especializados en la temática.
Sólo en La Matanza hubo 35 procedimientos. Según informó la fiscal Lorena Pecorelli, detuvieron a un hombre que “producía material de abuso sexual infantil” y la víctima era una niña de 5 años. En el grupo familiar de este pedófilo había otros dos chicos de 10 años que también fueron liberados, explicó Pecorelli.
“Eran distintas organizaciones dedicadas a la producción de pornografía infantil. Pero todas -en algún punto- tenían una conexión”, contó a Clarín, Eleonora Weingast, a cargo del departamento especializado en estos delitos. “Hemos encontrado productores y vendedores de este material ilícito”, agregó la funcionaria.
La Policía Federal estuvo a cargo de parte de los operativos. Los 165 objetivos detectados y allanados están desplegados en casi todo el territorio bonaerense. Por eso se considera la operación “la más grande”. Otras intervenciones de este equipo lograron desactivar pequeñas redes que operaban en el ámbito del AMBA. O en alguna provincia del interior del país.
La investigación permitió detectar 137 sospechosos (126 varones y 13 mujeres); con edades comprendidas entre los 16 a 81 años. Nueve trabajaban en contacto directo con infancias o adolescencias; y se identificaron 63 menores de edad convivientes.
A su vez, se produjo la detención de 16 personas y se secuestraron 214 computadoras, 350 dispositivos de almacenamiento, 357 celulares, armas de fuego, estupefacientes y 129 elementos no digitales.
Operan desde plataformas “abiertas” o las encriptadas. Se los detecta a partir de denuncias o la búsqueda minuciosa de los “sabuesos” que miran reportes. Según contó a Clarín un investigador, encontraron por informantes una red de trata que en Whatsapp se identificaba como “Porno Hermanos”. Allí un usuario informa: “Tengo alguien que me consigue un nene de 6. Pero pide mucha $$$$”.
En otro posteo asegura: “me lo entregan por dos días para que haga lo que quiera”. La conversación sigue hasta que se menciona el monto: “20 mil (no se sabe si pesos o dólares)”. “Y si es bastante”, concluye el interlocutor.
“De este tipo de relatos y conversaciones hay centenares”, contaron en Procuración.
La Plata. Corresponsalía