Al cumplirse un mes de las primeras detenciones, el fiscal Adrián Arribas solicitó la prisión preventiva para ocho de los nueve detenidos por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), y declaró su incompetencia para que la causa pase al fuero federal al tratarse de un tema de narcotráfico.
La medida fue solicitada por el fiscal en un escrito de 277 páginas -al que tuvo acceso Clarín– ante el juez Fernando Horacio Pinos Guevara, a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, y es para los ocho imputados detenidos en Argentina.
Ellos son Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).
Mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido como “Pequeño J”, sigue detenido en Perú, donde lo capturaron luego de escapar de Argentina con un pedido de detención en su contra. El joven narco está ya cumpliendo la prisión preventiva en el penal Cantera de Cañete a la espera del juicio de extradición.
Todos los hombres están imputados como coautores de los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
A las mujeres -González Guerrero, Ibarra e Ibáñez-, el fiscal les imputó los mismos delitos menos el femicidio de las tres chicas. Y para Parra e Ibarra, dispuso además, una calificación secundaria por encubrimiento agravado.
En el mismo requerimiento, el fiscal Arribas expresó la incompetencia de la justicia ordinaria y solicitó el pase del expediente al fuero federal, más precisamente a la fiscalía federal de Morón.
En sus argumentos, el fiscal Arribas señaló que “la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley N° 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multi-territoriales”.