¿Qué pasa en La Salada? La clausura de las ferias, la detención de Castillo y el drama de los puesteros

Pasaron menos de dos semanas, cinco ferias, desde que el ritmo frenético de la zona se ralentizó: Ocean, Urkupiña y Punta Mogotes tienen faja de clausura. Policías de la Federal custodian estos predios de Ingeniero Budge, frente al Riachuelo, donde miles de personas se convocan tres veces por semana para comercializar productos en la feria más grande de Latinoamérica. Una causa que investiga lavado de dinero y evasión impositiva pone en jaque al universo La Salada.

Los reflectores se posaron sobre Jorge Castillo, que administra junto a sus socios la explotación de las tres ferias principales de La Salada. El 22 de mayo el juez Luis Armella autorizó más de 60 allanamientos y las 18 detenciones solicitadas por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.

La acusación es por lavado de dinero y las cifras son millonarias. Castillo cayó junto a su familia: quedaron detenidos su hijo Manuel, su esposa Natalia Paola Luengo y su suegra Margarita Nilda Arrieta, además de sus socios. Sobre Antequera pesa un pedido de captura pero permanece prófugo.

La acusación de la fiscal Incardona es por una investigación que lleva dos años sobre unas 25 empresas constituidas en el país y en el exterior. Secuestraron 41 autos de alta gama, en una oficina de Lugano había 42 millones de pesos y un millón de dólares. En Vicente López, donde funcionaba una empresa de cajas de seguridad vinculada a Castillo , secuestraron $ 800 mil dólares en efectivo.

Pero nada de esto ocurre por primera vez. ¿Por qué el “rey de La Salada” es procesado, investigado y acusado por los mismos delitos hace ocho años pero sin una condena?

En junio de 2017 en un allanamiento en su casa de Luján, Castillo se resistió a los tiros cuando fueron a detenerlo: hirió a un policía del Grupo Halcón que lo sorprendió en su dormitorio. La orden era de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la investigación por asociación ilícita y extorsión.

Castillo estaba acusado de coordinar y administrar a través de barrabravas, mediante amenazas y extorsión, puestos instalados en la calle alrededor del predio de las ferias. Cobraba alquileres ilegales a las personas por instalar puestos en la calle. El negocio no era menor: se trataba de 10 mil puestos, además de cánones para cuidacoches, vendedores de ambulantes y hasta remiseros.

Nadie hacía plata en La Salada sin pagarle, de alguna manera u otra, a Castillo o a su gente.

Esa irregularidad llevaba años y creció al ritmo irrefrenable de La Salada: llegó hasta que se anularan calles enteras con estructuras de metal por las que cobraban alquileres altísimos.

Bajo esa modalidad creció un universo entre las ferias que incluye mucho más que puesteros y vendedores, sino también remises, tours de compras, carreros que trasladan los grandes bultos de ropa, hasta seguridad privada o venta de bebidas y alimentos para los visitantes que llegan de distintos lugares del país.

Aquella causa tuvo 48 imputados de los cuales 38 fueron condenados a penas de entre tres y ocho años por daño calificado, encubrimiento agravado, estafa en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra. Castillo no aceptó el abreviado y espera fecha de juicio frente a un tribunal, aunque todavía sin fecha.

Esa investigación determinó que Castillo lideraba tres asociaciones ilícitas que usaban armas y amenazas para extorsionar puesteros mediante una organización delictiva que golpeaba a quienes se negaban a pagar lo que les exigían.

Las bandas estaban integradas por barras de River que respondían a Adrián Castillo, el sobrino de Jorge Castillo, que tenía su propia fuerza de choque: Los Chaqueños. Por último, Los Cucos, que recibían ordenes de Leonardo “Cuco” Gaitán.

Entre los condenados hay tres policías de la Bonaerense que formaban parte de la organización delictiva.

En marzo de 2019 Castillo ya había quedado bajo la mira de la Justicia Federal luego de que AFIP lo denunciara por la supuesta evasión de $ 350 millones. El Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, lo procesó por lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita y violación de la ley de marcas. La Cámara Federal de La Plata lo excarceló, sostuvo la acusación sólo por la evasión impositiva y le dio prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Esa causa también fue elevada a juicio pero no se realizó el debate y tampoco fue condenado.

Ahora, una vez más, la Justicia Federal lo pone bajo la lupa por los mismos delitos, esta vez un “entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales, con la firma Punta Mogote SCA”.

Esta causa está en manos del juez Luis Armella, el mismo que investiga a Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego del escándalo por la filtración de imágenes que lo mostraban junto a Sofía Clerici navegando en un yate en Marbella.

Este lunes puesteros y changarines que viven del universo La Salada cortaron Puente La Noria y se enfrentaron con la Policía Federal. El miércoles de la semana pasada ya habían reclamado frente a la fiscalía para pedirle a Incardona que permita que siga funcionando la feria mientras continúa la investigación. Este martes van a volver a cortar en el mismo lugar.

Ocean, una de las ferias clausuradas, tiene además de los puestos un depósito en el que los comerciantes guardan la mercadería para cada feria, o incluso la que llevan a otros locales.

Los feriantes quedaron sin poder vender en La Salada y sin poder acceder a la mercadería.

“Hace cinco ferias que no trabajamos, clausuraron la feria y no tenemos respuesta”, expresó en diálogo con TN un hombre que trabaja de carrero en La Salada. Su rol, según detalló, implica transportar la mercadería desde los depósitos hasta los puestos de venta. “Nos quedamos sin laburo”, agregó.

Se cree que unas 100 mil personas dependen del mercado que se genera alrededor de la feria, aunque es difícil calcular.

Si bien en los últimos ocho años fueron desapareciendo los puestos en la calle, abrieron muchos negocios alrededor de las ferias, incluso crearon marcas para eludir los controles del las marcas.

En los locales los talleres comercializan productos de todo tipo. Hay tours que combinan los viajes a La Salada con visitas a Flores para que revendedores de todo el país, incluso de países limítrofes, compren ropa, calzado y accesorios.

Comerciantes de la zona confiaron a Clarín que los ánimos están divididos, porque los negocios habilitados “venden más porque no está la feria” y porque “estas protestas afectan a todos: si los tours o la gente ve desmadre, se van a Flores o otros lugares, hasta por internet venden”.

Sin embargo, son miles los que se ven afectados por el cierre de estos centros comerciales. Y los vecinos temen que esta crisis en el barrio abra paso al delito y a la droga: “La Salada es la forma de vida de un montón de personas en el barrio. Sacaron los puestos de la Federal, ya casi no hay control de Gendarmería y la Policía ni entra al barrio. Si encima sacamos la feria, que da trabajo a un montón de personas, se vuelcan al delito, abre paso al narcotráfico“, dice a Clarín un comerciante histórico del barrio.

Se estima que hay entre 7 y 8 mil puesteros sin poder trabajar, además carreros, locales de comida, kioscos y otros.

Una mujer que vende café en la zona reprochó a “los canales de televisión y algunas personas de la justicia que argumentan que La Salada es una cuna de evasiones, de contrabandistas, lavadineros, pero no es así”. Y aseguró que “el 80% de la sociedad reconoce que La Salada es una cuna de trabajadores”.

En ese sentido, pidió que “la fiscal (Cecilia) Incardona y el juez (Luis) Armella puedan activar sus habilidades profesionales y diferenciar las cosas” porque “hay gente que trabaja en blanco, que está al día con sus contribuciones, que tiene trabajadores en blanco, talleres legalmente”.

El corte de este lunes promete no ser el último y trajo críticas entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que ordenó que se active el protocolo antipiquetes para despejar la autopista. La Federal desplegó una represión en la zona que escaló a enfrentamientos y empujones con los manifestantes. Intervino en la colectora la Policía Bonaerense pero el corte se extendió durante siete horas.