El pasado jueves 5 de junio, la Sala III de la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra los siete policías involucrados en la Masacre de Wilde, ocurrida en 1994, y en la que un vendedor de libros y un remisero fueron brutalmente asesinados -por error- al igual que dos ladrones a los que la brigada de Lanús sí estaba buscando para eliminar.
El fallo, de 269 páginas, fue por mayoría: los jueces Mario Kohan y Ricardo Maidana votaron por confirmar las penas de 25 años de prisión dictadas el 2022. El juez Víctor Violini voto en disidencia. Por ahora ninguno de los policías está en la cárcel, sólo uno tiene domiciliaria. Pero eso podría cambiar esta semana.
Raquel Gazzanego (63), viuda del librero Edgardo Cicutín, lleva la cuenta exacta de la lucha. “El fallo llega a 11.469 días del crimen de Edgardo. Ya pasaron 31 años, cuatro meses y 24 días de la masacre”, recuerda.
“Tres años estuvo la causa en la Cámara de Casación. Ahora la Sala III confirmó las condenas del tribunal de Lomas de Zamora. Habíamos perdido perpetua como particulares damnificados, pero no hicieron lugar”, contó Raquel, que tiene un deseo que no la abandona: “Que no se mueran sin haber pisado la cárcel y que no me muera yo sin verlo“.
“Ya sé que la confirmación es una buena noticia, y que debería estar contenta, pero la alegría no es completa porque uno sigue caminando las mismas calles que los asesinos. Falta saberlos tras las rejas. Pero los que tienen que decidir eso son los jueces del mismo tribunal que le permitió mudarse a Córdoba -en prisión domiciliaria- a uno de los policías que estuvo 20 años prófugo”, remarcó la mujer a Clarín.
Los condenados son los ex comisarios Roberto Mantel (65) y Eduardo Gómez (61), quien se retiró en 2005 como comisario inspector; el oficial Osvaldo Lorenzón (69); el ex cabo Marcos Rodríguez (59) y los ex oficiales Marcelo Valenga (59) y Julio Gatto (56).
El veredicto de 2022 también incluía al ex subteniente Pablo Dudek (76), pero murió a fines del año pasado.
La denominada Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando 11 policías bonaerenses vestidos de civil, a bordo de cinco autos no identificables, salieron de caza para emboscar a una banda que trabajaba para ellos y se quería independizar de la brigada.
Su plan era matarlos, pero se equivocaron de objetivo y, además de asesinar a dos de sus presas originales (dispararon 200 veces, según las pericias), fusilaron al librero Edgardo Cicutín (34) y al remisero Norberto Corbo (32), que nada tenían que ver con el ajuste de cuentas e iban en un Dodge 1500 y en un Peugeot 505.
Cerca del mediodía, en el cruce de la avenida Bartolomé Mitre y Ramón Franco, la Policía creyó ver a los autos en los que se trasladaban los presuntos delincuentes. Abrieron fuego sobre estos dos autos, un Dodge 1500 y un Peugeot 505.
En el Dodge iban Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, dos vendedores de libros. El otro auto que recibió los balazos, el Peugeot 505, era conducido por el remisero Norberto Corbo. Sus pasajeros eran Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, dos ladrones que sí habían hecho “trabajos para la Policía”.
En ese fusilamiento realizado a plena luz del día murieron Edgardo Cicutín, conductor del Dodge 1500, y los tres ocupantes del remís Peugeot 505. El único sobreviviente fue Claudio Díaz, uno de los vendedores de libros.
El caso tardó décadas en llegar a juicio con siete acusados, no por casualidad. Los policías pertenecían a la temible Brigada de Investigaciones de Lanús, por entonces a cargo del subcomisario Juan José Ribelli, uno de los máximos exponentes de la denominada “Maldita Policía“.
Aunque fueron acusados, no fueron presos. El caso más escandaloso fue el del ex cabo Marcos Ariel Rodríguez. Sobre este policía se echaron gran parte de las culpas y curiosamente horas después de la masacre se pudo escapar caminando del calabozo de la Brigada de Lanús.
Había estado prófugo 20 años gracias a que logró esconderse en Córdoba, en la localidad de La Falda. Allí abrió una carnicería y allí volvió luego del fallo cuando los jueces del Tribunal Oral N° 3 le dieron prisión domiciliaria por un tema de salud.
De acuerdo a los fundamentos de los jueces -que contaron con el apoyo de la fiscal-, Rodríguez está en la miseria, no tiene dónde vivir y sufre de problemas de salud. Por eso le dieron el OK para mudarse con uno de sus hijos a Villa San Antonio, Valle Hermoso.
Los familiares de las víctimas no ven la hora de que vuelva a prisión.