El lunes 17, con la presencia de un escribano público, se sorteará un primer grupo de 100 funcionarios. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, institución encargada de realizar los análisis.
“Quien se oponga o no asista a la segunda notificación, en el caso del Ejecutivo, cesa en sus funciones. En el Judicial y Legislativo, queda sujeto a jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente”, detalló Bazla.
El narcotest obligatorio fue impulsado por la diputada Marisa Patafio, del espacio político del gobernador Claudio Poggi, quien asumió en 2023 tras vencer a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.
Qué dice el decreto que impone narcotest a funcionarios en San Luis
Inicialmente, el proyecto no logró los votos necesarios en la Legislatura. Sin embargo, Poggi firmó un decreto de aplicación voluntaria para él, su vicegobernador y los ministros del gabinete, lo que generó un fuerte impacto mediático. Días después, la Cámara de Diputados aprobó la medida y, el 12 de noviembre, el Senado provincial la convirtió en ley por unanimidad.
El texto legal lleva el nombre de “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico” y establece la obligatoriedad de los análisis toxicológicos para quienes ocupan cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La normativa alcanza a altos cargos de los tres poderes. En el Ejecutivo, incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores. También involucra a entes descentralizados como el Hospital Central Ramón Carrillo, Laboratorios Puntanos y San Luis Agua, entre otros 29 organismos.
En el Legislativo, el test será obligatorio para senadores, diputados provinciales y miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que, en el Poder Judicial, la medida afectará a jueces del Superior Tribunal, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.
Además, la normativa contempla a miembros del Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo y su adjunto.
Cómo es el narcotest a funcionarios en San Luis
Los exámenes buscarán la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos (morfina, heroína, metadona), barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, éxtasis y fenciclidina, entre otras sustancias.
El procedimiento consta de un ensayo de screening bioquímico y, si el resultado es positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba mediante cromatografía de líquidos asociada a espectrometría de masas.
El costo del estudio será cubierto por cada funcionario sorteado. En diciembre, la estimación oficial fijaba el precio en $40.000, aunque el monto definitivo será confirmado antes del primer control.
Además, los seleccionados deberán declarar previamente si consumen algún medicamento que pueda influir en los resultados. “Si aparece un consumo excesivo de clonazepam, se pedirá la prescripción médica“, explicó Bazla.
El sorteo se realizará mensualmente. En cada edición, los funcionarios ya evaluados serán excluidos del próximo sorteo. En marzo, por ejemplo, el universo de seleccionables se reducirá a 1.400 personas, manteniendo la extracción de 100 nuevos casos.
Martín Llaryora: el antecedente del narcotest
El narcotest en San Luís no es el único caso existente de este tipo de estudios en Argentina. En julio del año pasado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió a este examen en el hospital San Roque y además se realizó el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
El Narcotest, que puede realizarse en instituciones tanto públicas como privadas, es “obligatorio” para aquellas personas que desempeñen funciones públicas. Esto incluye a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y quienes, por disposición legal o reglamentaria, “ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados“.
Según la Ley, los funcionarios públicos deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite “la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, conocido como narcotest.
En caso de incumplimiento del Artículo Nro. 66, que exige dicho certificado, se aplicará el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.