La convocatoria para que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesione y dé ingreso formal —es decir, estado parlamentario— al proyecto que restablece la reelección indefinida de legisladores y concejales quedó en stand by. Es que la iniciativa que ya superó por la mínima el filtro del Senado no la tendrá fácil para convertirse en ley: enfrenta resistencias internas en el oficialismo y un rechazo casi unánime en la oposición.
“La semana que viene puede haber novedades, pero no hay fecha definida para el tratamiento en el recinto. El debate está empantanado por la falta de acuerdos y las dificultades del para reunir el quórum necesario”, graficaron fuentes parlamentarias. Inicialmente se especuló con la posibilidad de que se sesione el 2 de julio, pero esa opción luego quedó en suspenso.
La propuesta, impulsada por el senador kirchnerista Luis Vivona, modifica artículos del Decreto Ley 6.769 y de la Ley 14.836 —sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal— que actualmente limitan a dos los mandatos consecutivos de diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. El proyecto excluye a los intendentes, que seguirán alcanzados por esa restricción. Así, un total de 82 jefes comunales se verán impedidos de volver a postularse en 2027.
Aunque logró media sanción gracias al desempate de la vicegobernadora Verónica Magario, el trámite legislativo ahora se vuelve más espinoso. La Cámara baja está presidida por Alexis Guerrera, del Frente Renovador, un espacio que ya adelantó su rechazo y que cuenta con 10 de las 37 bancas de Unión por la Patria (UxP), el bloque oficialista. A esas negativas se suma la de Lucía Klug, de Patria Grande, cercana a Juan Grabois. Si todos esos votos se mantienen en contra o se ausentan, el oficialismo quedaría con solo 26 legisladores propios en condiciones de acompañar el proyecto.
Para alcanzar los 47 votos necesarios —la mitad más uno del cuerpo— UxP debería conseguir al menos 21 respaldos por fuera de su tropa, algo que hoy parece lejano. El PRO (13 diputados), los radicales alineados con Maximiliano Abad y Martín Lousteau (15) y los libertarios de La Libertad Avanza (13) ya se pronunciaron en contra. Incluso el bloque aliado de Unión, Renovación y Fe, con 9 bancas clave para la ingeniería parlamentaria del peronismo, confirmó que votará en contra.
“Los diputados del bloque Unión, Renovación y Fe expresamos nuestro más firme y categórico rechazo al intento de introducir cambios en la normativa electoral a tan solo unas semanas de las elecciones”, señalaron este viernes en un comunicado, demarcándose de la postura que esa bancada adoptó en el Senado, donde acompañó la iniciativa.
Y añadieron: “Alterar las reglas del juego en plena recta final del calendario electoral no solo vulnera principios fundamentales, sino que también genera un grave precedente institucional que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático”.
Además, subrayaron que “dar tratamiento a estos temas en este período legislativo debilita el proceso electivo y únicamente otorga incertidumbre a la ciudadanía que reclama que se atienda a los verdaderos problemas de los bonaerenses”. Por eso, concluyeron: “No vamos a prestar conformidad a este tratamiento, ni ser parte de la resolución de la interna de un espacio al que no pertenecemos”.
De ese modo, se complica aún más para el oficialismo la posibilidad de alcanzar el quórum y sancionar la propuesta. El contexto político no ayuda: el plazo para inscribir candidaturas cierra el 19 de julio y si el proyecto no se convierte en ley antes de esa fecha, los actuales legisladores y concejales que ya cumplieron dos mandatos no podrán postularse. En esa situación están 21 parlamentarios —12 diputados y 9 senadores— de todas las fuerzas, además de más de un centenar de concejales distribuidos en los 135 distritos bonaerenses.
La iniciativa deberá pasar al menos por las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales antes de ser tratada en el recinto. Si bien se especula con una posible votación entre el 8 y el 11 de julio, el feriado del Día de la Independencia y la falta de certezas sobre los votos podrían empujar el debate hacia el límite del calendario electoral.