Este viernes, la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) reglamentó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que va a entrar en vigencia el 1° de enero de 2025. Según esta normativa, los comerciantes deberán incluir en los tickets, facturas y comprobantes que emitan el detalle desglosado de los impuestos nacionales que paga el consumidor, entre ellos, el IVA.
Si bien, la resolución plantea que la implementación de la medida -obligatoria- se hará en forma escalonada extendiéndose hasta principios de abril, los supermercados salieron a advertir que, a esta altura del año, es bastante complicado ponerla en práctica en los tiempos previstos.
Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reconocieron que la iniciativa es “satisfactoria” ya que le “permite al consumidor visualizar la carga impositiva que está pagando”. Pero que “el cambio implica modificaciones en los sistemas de las cadenas obligadas que junto con la época del año en que debe implementarse, de mayor venta, generan un extraordinario stress informático y enormes dificultades operativas a intentar resolver en un muy acotado lapso (11 días hábiles) dado que solo se pueden realizar pruebas efectivas y completas a partir de la publicación de la norma con sus detalles y particularidades”, señaló la entidad que agrupa a las principales cadenas en un comunicado.
Por eso, la entidad señaló que “en este difícil contexto se están haciendo los mayores esfuerzos, debiendo en su caso, contemplarse las situaciones particulares derivadas de lo anteriormente expresado”, señaló.
Además, la entidad advirtió que “la sobreinformación en fleje de góndola puede generar distorsiones en el efecto que tan loable iniciativa persigue”. Y reafirmó que “la experiencia indica que “la sobreinformación puede terminar desinformando”.
Finalmente ASU recordó que varios de sus miembros mantienen recursos administrativos y judiciales para revertir las distorsiones que la carga tributaria a nivel provincial y municipal tienen sobre la actividad y el precio final pagado por los consumidores.
En cambio, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a expresar “su valoración positiva del régimen de transparencia impositiva” previsto en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes N° 27.743 (conocida como “Paquete fiscal”) y que recientemente fue reglamentado mediante una resolución de ARCA.
Al respecto, el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, sostuvo: “La muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social. Los argentinos hemos padecido la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga. Me refiero a que muchos impuestos no son claramente percibidos por la ciudadanía”.
Según Grinman, “son numerosas –y comprensibles– las quejas de los trabajadores frente al impuesto a las Ganancias; mientras que un impuesto tan relevante como el IVA, que a menudo tiene un impacto muchísimo mayor que aquel en la economía familiar, muchas veces ‘pasa por debajo del radar’ de los consumidores finales. Este tributo no lo detectan y frecuentemente cargan las tintas contra los comerciantes por precios que consideran excesivamente elevados, cuando en realidad, en buena medida, el comercio, más que de vendedor de un producto, oficia como una suerte de delegación de las agencias recaudatorias de los distintos niveles del Estado”, manifestó también en un comunicado.
“Clarificar una situación es un avance para luego corregirla; evidenciar la excesiva carga tributaria es el primer paso para una futura reducción. No aspiramos a que la presión impositiva baje sustancialmente de un día para otro. Pero sí ayudará para que poco a poco, cuando las circunstancias lo hagan posible, el peso de los impuestos se reduzca, beneficiando al país en su conjunto”, consideró Grinman.