“A 11 años de la muerte de Federico Cash todavía estamos esperando la definición del juicio. A 13 años del asesinato de María Cash, tenemos que soportar que su asesino goce de arresto domiciliario por enfermedad y arreglo político, en lugar de pudrirse en la cárcel”, con ese duro mensaje Máximo Cash difundió un informe en el que respalda, por primera vez, la acusación contra Héctor Romero (71), el camionero detenido, el último que vio viva a su hermana.
De los 13 años, nueve meses y 21 días que pasaron desde el último registro de María Cash las hipótesis alrededor de la causa atravesaron diferentes etapas.
En 2019 la revisión del expediente por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta derivó en que el fiscal federal Eduardo Villaba imputara a Romero, un camionero que llevó a María Cash y que fue el último en verla, como el principal sospechoso de la desaparición.
Romero fue detenido el 26 de noviembre de 2024 por el delito de homicidio agravado por alevosía. La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar al planteo de la fiscalía y encontraron al chofer en la casa de un familiar en la zona norte de la capital salteña. El 3 de diciembre le dieron la prisión domiciliaria por su edad y porque transita un cáncer que necesitaba tratamiento médico.
La familia Cash difundió un comunicado al cumplirse 11 años del fallecimiento de Federico Cash, el papá de María, que murió el 28 de abril de 2014 en un choque en una ruta de La Pampa mientras seguía una pista para encontrar a su hija.
En el informe plantean 10 puntos que respaldan la acusación contra Romero y por primera vez se manifestaron en la misma línea que la acusación del fiscal Villalba y cuestionando las demoras para que la causa llegue a juicio:
El informe difundido por la familia Cash se basa en información del expediente judicial que fundó el procesamiento y el pedido de detención de Romero.
Ante la consulta de Clarín, Máximo Cash aseguró que decidieron no dar entrevistas y solo expresarse a través de este comunicado. Lo cierto es que el cuestionamiento, además de a la Gendarmería por su intervención en la causa, es hacia la jueza Giménez. Parece primordial que la causa llegue a jucio ante el estado de salud de Romero.
Desde Gendarmería confirmaron a Clarín que realizaron pericias a los teléfonos celulares y que participaron de los ratrillajes realizados en la zona de la Difunta Correa.
Leticia Risco, que coordina del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó que “nunca jamás se dejó de buscar a María” y que en 2020 “hubo una reunión con los fiscales de la causa, para volver a hacer una revisión”.
“En diciembre hubo un operativo muy grande en la provincia”, explicó haciendo referencia a los rastrillajes realizados buscando los restos de la joven. Si bien no dieron información particular respecto de los rastrillajes, aseguraron que “la búsqueda es permanente” y que “hay medidas nuevas que se han ido solicitando y que se están haciendo”