La jueza Julieta Makintach, quien quedó envuelta en un escándalo judicial que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona (60), afrontará desde el 6 de noviembre próximo un jury que definirá si, finalmente, es destituida o continuará en su cargo.
El juicio político se llevará a cabo en La Plata y estará a cargo de cinco miembros del parlamento provincial y cinco abogados conjueces.
Este jurado definirá si Makintach continuará o no siendo jueza, un cargo del que se encuentra actualmente suspendida por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), a raíz de lo sucedido durante el debate por la muerte del Diez.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el jury será dirigido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la SCBA, y contará con la acusación de la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración bonaerense.
El Colegio de Abogados de San Isidro, el letrado Fernando Burlando y Julio César Coria (detenido por falso testimonio en el juicio de Maradona) son quienes impulsaron el juicio político durante la etapa de acusación. En el proceso son llamados “adjutores”.
El debate se extenderá por cuatro o cinco jornadas, según la prueba presentada y el testimonio de los testigos, indicaron las fuentes consultadas.
El tribunal estará compuesto por cinco legisladores-abogados: los senadores provinciales Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe); y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza), Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria) y Guillermo Castello (La Libertad Avanza).
A su vez, la SCBA realizó un sorteo entre todos los letrados que están matriculados en la provincia para designar a los conjueces: los cinco titulares elegidos fueron Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora).
La jueza Makintach presentó este martes un recurso de apelación a cargo de su abogado defensor ante el jury, Darío Saldaño.
En el escrito, al que tuvo acceso Clarín, la defensa de la magistrada señaló en cinco puntos “la ausencia de las condiciones mínimas para poder avanzar con legalidad, prudencia y ecuanimidad a la etapa siguiente del juicio”.
Entre los principales argumentos es la falta de resolución de varias cuestiones, como la recusación a la jueza Kogan, quien rechazó el pedido.
“El apuro y velocidad alcanzada en este juicio político no puede avasallar garantías fundamentales, pues entonces, aquello que peligra no es el juzgamiento del comportamiento de una jueza sino además los derechos y garantías logrados por un estado de derecho conforme los pilares fundamentales de legitimidad en el juzgamiento, principio de legalidad y culpabilidad”, expresaron.
El Jury de Enjuiciamiento, también conocido como el proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, investiga la conducta de los jueces y funcionarios judiciales de instancias inferiores. La función principal es decidir si un juez o funcionario denunciado debe seguir en su cargo o no.
En el caso de Makintach existe una causa penal en el fuero ordinario de San Isidro que analiza su presunta responsabilidad en la denuncia por el documental “Justicia Divina”. En este expediente, la magistrada está imputada de cinco delitos.
Ante esta situación, el resultado del jury será clave, ya que definirá si la magistrada mantiene o no los fueros que le dan inmunidad.