Un ex secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes que investigaba una causa de narcotráfico, ordenó intervenir el teléfono celular de su esposa por celos y ahora lo juzgan a él. Se trata de Pablo Carlos Molina, quien fue eyectado de su cargo en el marco de la causa Sapucay, que puso al descubierto la connivencia de narcos con el por entonces juez Carlos Vicente Soto Dávila y sus secretarios.
La causa se disparó en marzo de 2019, cuando un empleado judicial halló en un cajón de un escritorio de la oficina de Molina un total de 28 discos compactos con escuchas telefónicas. Como aparecían vinculados con una causa por narcotráfico del año 2013, a cargo de Gendarmería, se dispuso la transcripción de lo registrado por agentes de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los investigadores pidieron informes sobre las líneas intervenidas durante un mes, entre septiembre y octubre de 2014, y constataron que correspondían a la esposa de Molina; y de un hombre que había sido novio de la mujer.
Posteriormente se estableció que a través del oficio 3.369, el propio Molina había pedido que se intervinieran ambas líneas, con el aval del por entonces juez federal Soto Dávila. Ese documento nunca fue insertado en el expediente principal, y fue aportado por Gendarmería en fotocopia y la SIDE el original.
Desde Gendarmería aseguraron haber remitido al Juzgado Federal 40 discos compactos con el resultado de las intervenciones a esas dos líneas, pero sólo se hallaron 28 en el despacho de Molina.
La transcripción de las conversaciones terminaron complicando aún más a Molina, ya que en varias ocasiones profirió amenazas de muerte hacia su pareja. Además, se comprobó que tiempo después, el propio acusado ordenó el archivo de la causa en la que ordenó las escuchas a esas dos personas de su entorno.
Molina sospechaba de infidelidades de su esposa en momentos que el vínculo no atravesaba por sus mejores momentos. Prueba de ello fue que el 27 de agosto de 2014 la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones.
Al ser indagado, Molina negó haber confeccionado el oficio judicial y aseguró que los 28 discos compactos con las escuchas nunca estuvieron en su poder. Alegó que jamás ordenó intervenir el teléfono de su esposa y que no estaba al tanto que lo había hecho el Juzgado. Además, adujo que eran cuestiones de su vida privada que no podían ser investigadas sin una denuncia previa.
A fines de diciembre de 2021, la Justicia Federal procesó a Molina por los delitos de abuso se autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y amenazas.
Por su parte, el hombre al que Molina ordenó escuchar en forma ilegal, declaró que entre 1991 y 1996 había sido novio de la esposa del ahora imputado. Y que mantenían ocasionales contactos telefónicos pero no en forma personal.
Por su parte, el empleado judicial que halló los CD reveló que Molina se enojó con él porque no le acercó los discos compactos con las escuchas y los dejó en la mesa de entradas del Juzgado. Es que para ese entonces Molina ya era investigado y sus superiores decidieron trasladarlo a la Secretaría de Derechos Humanos hasta tanto se resolviera su situación judicial.
Un gendarme que intervenía en la investigación por narcotráfico en la que Molina pidió la intervención de los dos números fue tajante. Sostuvo que siguió muy de cerca esa pesquisa porque era el único que entendía idioma guaraní y que nunca elevó esos celulares al Juzgado, y que tampoco sabía a quiénes correspondían.
Otro oficial de la fuerza dijo que Molina le comunicó telefónicamente que había ordenado esas intervenciones y que los CD con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” porque iban a ser “analizados” por el Juzgado. Agregó que le pareció raro el planteo, pero supuso que el secretario contaba con información confidencial sobre el caso.
El frente judicial de Molina es complejo, ya que está procesado en otra causa por la entrega irregular de bienes que estaban bajo responsabilidad del Juzgado Federal de Corrientes. Además, tiene en su haber una condena de cinco años de prisión en la causa Sapucay. Ese fallo es revisado por Casación, donde hay un pedido para elevarle la pena.