El eje de la seguridad es uno de los más importantes de la gestión del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que ya lleva más de un año y medio. El mandatario fue ministro del área en la segunda mitad de la década pasada y apenas asumió en diciembre de 2023 en la Casa Gris debió enfrentar una crisis a raíz de los crímenes de cuatro trabajadores esenciales mientras desarrollaban sus tareas en Rosario. Esos ataques, se supo después, fueron planificados y ordenados desde cárceles.
Ahora, a pocas horas de las elecciones provinciales donde el oficialismo de Unidos busca retener cargos legislativos locales, el Gobierno santafesino terminó de mudar a casi medio millar de reclusos de comisarías a cárceles, la gran mayoría de ellos en Rosario.
La política penitenciaria santafesina es una impronta de la gestión Pullaro. La promesa de construir en cuatro años, por la friolera de 500 millones dólares, tantas plazas carcelarias como en el último siglo, el Ejecutivo provincial la corona con el proyecto de “El Infierno”, una prisión de máxima seguridad –y otras dos unidades- en Piñero (departamento Rosario), donde ya funciona una cárcel, según recordó el propio gobernador, el martes.
“Además de las obras que estamos llevando adelante en las unidades de Rosario, de Recreo, de Santa Felicia, más las tres alcaidías regionales que estamos en proceso de comenzar a construir en Rafaela, Melincué y Reconquista”, enumeró Pullaro, “estimamos que para finales de 2026 tendremos las 3.700 plazas que nos permitirán albergar en condiciones óptimas a toda la población detenida”, sentenció.
Según dicen desde el Gobierno provincial, hay un notorio déficit de cupos por falta de obras en las últimas gestiones, además de que recién meses atrás se inauguró una cárcel federal, en Coronda, para atenuar el impacto que han tenido y siguen teniendo los presos de ese fuero, en su mayoría por causas de narcotráfico, en los penales policiales y en las prisiones provinciales.
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Inédito traslado de 400 presos en un día en Rosario
Esta prisión federal inaugurada por la ministra Patricia Bullrich –en un acto que incluyó una puesta en escena con presos trasladados ad hoc y devueltos en pocas horas a sus lugares de detención– tiene algo así como la mitad de las 364 plazas ocupadas actualmente, según calculan fuentes municipales de Coronda.
“Tenemos que seguir construyendo las cárceles que necesitamos en la Provincia”, dijo Pullaro y mencionó que “la tasa de encarcelamiento por el trabajo de la Policía crece a 3,1 detenidos más por día. Eso habla de una mejor administración de la Justicia, pero también de un mejor trabajo de prevención e investigación por parte de la Policía. El crecimiento de la tasa y la población penal nos lleva a seguir construyendo cárceles”, justificó.
Inédito mega operativo de traslado de presos en Rosario
Este martes hubo un operativo en Rosario que sorprendió por su magnitud: 350 detenidos fueron trasladados a la flamante Sub Unidad 4 del Complejo Penitenciario de la zona oeste, ubicado en 27 de Febrero al 7800, donde también funciona la cárcel de mujeres. El espacio cuenta con cuatro pabellones y 320 plazas. La obra demandó una inversión de 8.200 millones de pesos.
El gobierno trasladó allí a 350 detenidos, y dio una explicación sobre la diferencia entre este número y las 320 plazas recientemente inauguradas. “Preferimos que los presos estén en una sobrepoblación penitenciaria y que no estén todos hacinados en las comisarías, donde tienen que estar cuidados por la Policía, y así la Policía tiene que distraer su labor fundamental que es el cuidado de la ciudadanía”, dijo un vocero del Ministerio de Seguridad provincial.
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Vaciamiento de la Comisaría 10° de Rosario
Pullaro destacó que el traslado de estos hombres y mujeres imputados por delitos diversos “permitirá ganar entre 20 y 30 binomios de policías que dejarán las comisarías para salir a la calle a trabajar en la prevención e investigación”, lo que implica sumar al menos dos decenas de patrullas a las 220 que recorren la ciudad en horario diurno.
“Entendemos que sacar a los presos de las comisarías brinda mejores condiciones de seguridad, porque las comisarías no están preparadas para alojar detenidos permanentes, por eso los presos se escapan de ahí”, dijo Pullaro.
La referencia del gobernador es hacia la crisis que supuso el año pasado la constante fuga de detenidos de las seccionales policiales, donde había –como recordó el gobernador este martes- “50 o 60 detenidos en lugares que son para 12, 15 o 18 personas”.
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Vaciamiento de la Comisaría 5° de Rosario
Para noviembre del año pasado se habían producido siete escapes de seccionales, cuatro de los cuales ocurrieron en una misma comisaría (la 5ª, ubicada en barrio Abasto, en el macrocentro).
Aunque la mayoría de las veces los reclusos fueron recapturados en pocas semanas, las huidas generaron una sensación de conmoción pública y no sólo en los vecindarios donde están las dependencias policiales. Este año hubo un escape masivo en la seccional 10ª de barrio Alberdi, en la zona norte.
El traslado de estos casi cuatro centenares de recursos prácticamente vació de imputados las comisarías en Rosario. Según los datos que brindó el propio gobierno, quedan unos 110 detenidos en dependencias policiales, de las cuales 60 son mujeres.
Esto se suma al traslado, esta semana, de 83 reclusos alojados en dependencias de la regional IX (departamento Obligado, en el norte) a los pabellones 8 y 9 del complejo penitenciario Nº 10 de Santa Felicia (departamento Vera), recientemente habilitado; también se reubicó en Santa Felicia a seis detenidos en San Javier y otros 12 que estaban en Helvecia, según la información oficial.
La cantidad de detenidos en la provincia de Santa Fe aumentó más de 200 por ciento en la última década y media. Según datos del Ministerio Público de la Acusación, en la actualidad hay 11.814 personas privadas de la libertad en complejos penitenciarios y policiales. De acuerdo con la misma fuente, entre 2023 y el año pasado el crecimiento de la población carcelaria fue del 12 por ciento.
La gravedad de la situación también quedó expuesta el año pasado en los días anteriores a los cuatro ataques fatales que a principios de marzo sembraron el terror en Rosario: en el penal de Piñero se denunciaron decenas de casos de torturas, según el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en medio de requisas desarrolladas por el Servicio Penitenciario de Santa Fe.
Ocho guardias de esa prisión fueron imputados por apremios ilegales, aunque siguen en libertad, en septiembre del año pasado en una audiencia que desarrolló sin la presencia de público.