Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona y una jueza en la mira

“Quiénes son, qué hacían y para quién trabajan”. Estos son los ejes de la investigación que lleva adelante la Justicia de San Isidro sobre al menos cuatro personas que se ven manipulando una cámara en una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y que fueron señaladas luego de la denuncia de dos abogados que representan a la familia del ex campeón del mundo en México ’86.

La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la Fiscalía de San Isidro, tiene en su poder la denuncia realizada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, quienes representan a Dalma y Gianinna Maradona y a Diego Fernando (por medio de su madre, Verónica Ojeda).

La causa investiga la presunta realización de un documental por parte de una productora vinculada a un familiar de una de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, a cargo del juicio.

Burlando y Baudry entienden que existe una presunta comisión de varios delitos por la posible realización de un documental para el cual los hijos del Diez no dieron su consentimiento.

El primero que mencionó la realización de un documental fue Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, cuando en la audiencia contó que fue contactado por productores de la BBC de Londres para dar testimonio en un informe especial. En ese momento pidió la identificación de dos personas, un hombre y una mujer, que se presentaron como escritores y negaron ser parte de un documental de la señal europea.

Luego, Rivas fue más directo y sostuvo que, en realidad, el documental lo está realizando la productora Pegsa, cuyos propietarios son el ex jugador de Los Pumas Agustín Pichot y Juan Makintach, hermano de la jueza Julieta Makintach.

Esto causó un gran revuelo en la sala de audiencias. En diálogo con Clarín, la jueza Makintach negó la realización de un documental, que no tiene vínculo con la BBC ni Pegsa, y aclaró que su hermano no está al tanto de lo que sucede en el juicio, sino que se encuentra de viaje por trabajo.

Respecto a estas dos personas, aclaró que la mujer es amiga suya, que el padre era judicial y que ella le pidió permiso para presenciar el juicio, “que es público”, remarcó.

Por su parte, Burlando y Baudry señalaron en su denuncia que “se investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”.

Según la denuncia, de confirmarse la presunción de dos de los particulares damnificados “se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia”.

En el escrito, los abogados piden que se determine si se cometieron delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato (en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad), tráfico de influencias, y eventualmente, cohecho, si mediara promesa o recepción de beneficios.

La fiscal Asprella citó a declarar a dos policías encargadas de la seguridad del TOC. El interrogatorio se basó en unas imágenes de la filmación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, encargada de transmitir la audiencia de lineamientos de cada una de las partes.

Durante la transmisión se observó cómo una persona ubicada entre el público presente y los periodistas que cubren el debate -entre ellos de Clarín-, registró imágenes con una cámara reflex.

El hombre fue advertido por una de las policías encargadas de la seguridad de la sala. Al ser consultada, una de las policías declaró que estas personas le dijeron que fue la jueza Makintach quien le dio permiso de estar presentes, sin brindar más información.

La segunda policía que declaró este lunes también acreditó que las personas que filmaban el primer día lo hacían por orden de la jueza Makintach

En la jornada del jueves, las dos personas que se fueron señaladas se presentaron como Juan Manuel D´Emilio y María Lía Vidal Alemán. La mujer quedó registrada en las imágenes junto a otros dos hombres, que aún no fueron identificados.

“Se están analizando quiénes son las personas y los hechos”, dijo a Clarín una fuente vinculada a la causa. La investigación intenta demostrar si se tomaron imágenes en la sala de audiencia sin la previa autorización de los jueces del tribunal. O si lo hicieron con la venia de Makintach. Hasta ahora nada de eso está probado.

El juez Maximiliano Savarino, presidente del TOC N° 3, aclaró a las partes que no recibieron un pedido formal para hacer un documental.

Mientras continúa el juicio por la muerte de Maradona, donde ya declararon 44 testigos en las 19 audiencias.

En medio de las sospechas por la filmación de un documental, casualmente, a algunas de las partes les llamó la atención la actitud de la jueza Makintach contra algunos de los acusados, como sobreactuando sus preguntas.

El abogado Rivas y su colega Mara Digiuni realizaron este lunes una presentación en la cual recusaron nuevamente a Makintach, tal como lo hicieron el jueves en la última audiencia.

La recusación apuntó al interrogatorio realizado al testigo Víctor Stinfale y a la imputada Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona, donde según Rivas, las preguntas que se realizaron no fueron aclaratorias sino de índole inquisitivas.

“A lo largo de estos años de proceso en esta causa, esta defensa, las otras defensas, el Ministerio Público y querellas nos preocupamos por los principios de verdad y legalidad del procedimiento. Cuando declaró (la acusada Agustina) Cosachov, ante una pregunta de Makintach, noté por el modo y contenido una pregunta inquisidora. Evalué un pedido de recusación. Por el modo, gestos y contenidos, está adelantando el contenido de su veredicto. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale. Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach”, afirmó en la audiencia, ante la sorpresa de la magistrada.

Por unanimidad, los jueces Savarino y Di Tommaso no dieron lugar a la recusación de su colega Makintach.

En la audiencia de este martes, antes de arrancar, el Tribunal deberá resolver la nueva recusación realizada por Rivas y Digiuni. Y se podría sumar un pedido de suspensión por 10 días del juicio por parte de uno de los abogados querellantes.

Para la defensa de Luque, la jueza “ha adoptado una postura que no se limita a la imparcialidad esperada, sino que revela una inclinación hacia una de las partes, lo que afecta la credibilidad del proceso”, según la presentación.

“La imparcialidad del juez no solo es un derecho del imputado, sino un principio fundamental que garantiza el respeto a las garantías procesales y la correcta administración de Justicia. En virtud de lo expuesto, solicitamos que se revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la recusación solicitada, dado que existe un temor fundado de parcialidad por parte de la Magistrada, lo que compromete los principios básicos del debido proceso”, expresó al defensa de Luque.

Los jueces del TOC N° 3 ya fueron recusados por el abogado Rodolfo Baqué, quien no fue aceptado como defensor del enfermero Ricardo Almirón, uno de los imputados en este debate.

Los argumentos fue el conflicto de intereses, ya que Baqué también es defensor de la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien será juzgada en un debate popular, como ella lo solicitó.