Se trata de las firmas Pitón, Pietroboni y Losi que hace décadas monopolizan las adjudicaciones en la provincia, con puntajes diseñados para su beneficio. Las dos últimas fueron, además, procesadas por la justicia por el pago de sobornos a exfuncionarios.
La provincia de Entre Ríos puso en marcha, a fines del año pasado, un programa para la realización de obras viales que, en una primera etapa, involucran a ocho departamentos, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas.
Sin embargo, y como avanzó el proceso licitatorio para el Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos y Rutas, las empresas que siempre corrieron con ventaja para hacerse de las obras que financia el estado provincial son las mismas firmas que han conseguido ventajas a lo largo de distintas gestiones para cartelizar la obra pública, a nivel local. Ya consiguieron ganar una por $12 mil millones de pesos que fueron dirigidos a una Unión Transitoria de Empresas (UTE).
En las licitaciones internacionales que abrió la provincia de Entre Ríos, también se repite un esquema de beneficios para compañías locales, lo cual no sería un obstáculo, a menos que las firmas ganadoras cobraran valores superiores al de otras ofertas, lo que generaría un perjuicio directo a las arcas provinciales.
Las obras se reiniciaron a partir del Decreto 984/24 pero los protagonistas que subieron al podio de puntajes –en base a un parámetro poco claro y con un alto grado de discrecionalidad- fueron las firmas José Eleuterio Pitón SA, Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi S.A., jugadores permanentes en la obra pública local. Su valoración en la escala va más allá, incluso, que la oferta económica resulte perjudicial para la provincia. Es lo primero que llama la atención y pone la lupa acerca de si algo las relaciona a los funcionarios públicos a cargo de llevar adelante esas obras.
Pero existe un problema adicional: tanto Pietroboni como Losi fueron procesados dos veces por el juez federal Sebastián Casanello en una trama que investigó sobornos, defraudación al Estado y falsificación de documentos, en un expediente por obras en Córdoba. Dentro de los once procesados había ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero la novedad fue que se aplicó la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por lo que las sociedades mismas fueron procesadas bajo esa figura, y no solo sus representantes.
Hacían terraplenes más bajos que lo que declaraban. Los certificaban por más dinero del que correspondía, y la diferencia la canalizaban a través de personas interpuestas como retorno hacia las esposas de los funcionarios, fue lo que probó la justicia. Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y embargó a las empresas por $632.381.436,96.
La trama se complica aún más cuando dentro de la industria se conoce que las tres empresas han entablado juicios a la provincia de Entre Ríos para reclamarle intereses por pagos tardíos. Esos juicios millonarios se convierten en embargos y –como es un secreto a voces- resultan ganadoras, en tribunales, las mismas empresas que luego terminan ganando las licitaciones a las que se presentan, sin renunciar a sus juicios contra el estado, cuya participación corre con una ventaja que no es del todo clara.