El gobierno santafesino anunció este lunes que intervino la Unidad Regional II, correspondiente a Rosario, por la malversación de 45 millones de pesos en vales de nafta, destinados al patrullaje, sobre un total asignado de $ 380 millones.
Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías.
La investigación se inició hace 10 meses, indicaron las autoridades, a raíz de una denuncia anónima y fue llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos.
“No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios con la seguridad”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Matías Merlo, uno de los fiscales que investiga el caso, precisó que “se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso”.
“El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero”, añadió.
Además indicó: “Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible”.
Por su parte, José Luis Caterina, también fiscal a cargo de la investigación, señaló que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible”.
“Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe”, aclaró sobre las personas que resultaron detenidas.
Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”, agregó.
En conferencia de prensa, Cococcioni detalló que el secretario de Seguridad Pública se encontraba poniendo en funciones al interventor, el director general retirado -ahora reincorporado al servicio activo- Claudio Romano y que el proceso durará tres meses “con posibilidad de extensión si fuera necesario”.
Agregó que “al mismo tiempo, se encomienda una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible”.
También se dio a conocer que el jefe de la Unidad Regional fue desplazado y puesto a disposición del Jefe de Policía para que se evalúen sus funciones.