El Comando Vermelho, una de las organizaciones narco más poderosas de Brasil y que esta semana protagonizó un sangriento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, logró infiltrarse en Argentina en 2013. En la zona de los Esteros del Iberá, Corrientes, arrendaron dos estancias que se convirtieron en una base de operaciones de aviones que llegaban de Bolivia con grandes cargamentos de cocaína que luego se enviaban a Buenos Aires.
La investigación se disparó cuando personas que residían en la zona de la estancia Santa Úrsula, por la ruta 40 de Corrientes, comenzaron a notar un inusual movimiento de aviones de pequeño porte los miércoles y jueves; y que la permanencia en tierra de los mismos no superaba los 45 minutos.
Ante esta situación, personal de Gendarmería Nacional inició una investigación con agentes encubiertos que se hicieron pasar por cazadores de ciervos para no llamar la atención. Así pudieron establecer que la estancia había sido arrendada por un brasileño para desarrollar la ganadería, pero después de varios meses los animales seguían sin aparecer.
El 16 de noviembre de 2013, apenas aterrizó un avión Cessna en la pista de casi mil metros que estaba dentro de la estancia, Gendarmería irrumpió en el lugar y detuvo a ocho personas de cinco nacionalidades, pero el líder de la organización, el brasileño Marino Divaldo De Brum, logró escapar. Cuatro años después sería apresado en Brasil tras el asalto a un banco.
La investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres permitió establecer que también la estancia Santa María del Aguapey era utilizada por la organización narco.
El Comando Vermelho desembarcó en el Iberá de la mano de Florentino Dante Niemiz, un entrerriano que era pareja de María Hilda Calabrese, la propietaria de ambas estancias.
En el Cessna 200 que era piloteado por un boliviano y provenía de Santa Cruz de la Sierra había unos 329 kilos de cocaína. Además, en las estancias se hallaron ocultas otras tres aeronaves de la organización.
La logística de los narcos incluía también una camioneta Toyota Hilux, un Toyota Corolla, un cuatriciclo Guerrero Mapuche, cinco acoplados para transporte de combustible, agua y multipropósito, equipo bases de radio para comunicaciones y un tractor agrícola.
Además, se hallaron numerosas armas, entre ellas un sub-fusil con 15 municiones y 62 municiones calibre 9 mm; elementos de logística, entre los cuales se destacan catorce aparatos de telefonía celular, y una suma millonaria en dólares y pesos.
El procedimiento culminó con la detención de ocho personas, entre los cuales había brasileños, bolivianos, peruanos, paraguayos y argentinos. Las escuchas y documentos hallados permitieron establecer que la célula del Comando Vermelho que se había instalado en Corrientes tenía contacto con la organización criminal peruana “Comando Lima Lobo”.
En 2015, los acusados fueron procesados por los delito de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
En 2017, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 20 años de cárcel -la pena máxima- a María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz y Carlos Pacheco, a quienes consideró organizadores de la banda.
Por transportar cocaína por vía aérea, el boliviano William Hurtado Suárez, el brasileño Edison Alvez Dzwieleski y el peruano Gabriel Pirro Mori fueron sentenciados a 16 años de prisión. Los jueces colocaron un escalón más abajo a José Alberto Velazco y Horacio Rubén Acosta, quienes cumplen una pena de 10 años de cárcel por asociación ilícita.
A su vez, Osvaldo Jorge Villán y Carlos Alberto Pereyra fueron hallados culpable de los delitos de transporte de estupefacientes y asociación ilícita. La pena para ambos fue de ocho años de cárcel. La única que logró la absolución fue la cocinera de la estancia.
A instancias del fiscal Carlos Schaefer y la Procunar, los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni dispusieron el decomiso de las dos estancias, las cuales pasaron a manos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).