Creía que su mujer le era infiel y ordenó escuchas a su teléfono y al del supuesto amante: qué pena le pidieron

Un ex secretario penal del Juzgado Federal de Corrientes quedó a un paso de sumar su segunda condena. Pablo Carlos Molina (54) ahora es juzgado por ordenar escuchas telefónicas ilegales a su esposa porque sospechaba de una infidelidad con un hombre que había sido su novio en la década del 90.

El fiscal general Carlos Schaefer y su par coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, solicitaron que el ex funcionario judicial sea condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta y especial por una década.

Los fiscales acusaron a Molina de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real. La defensa pidió la absolución.

El fallo se conocerá recién el 29 de julio próximo. En esa audiencia, Molina tendrá la posibilidad de hablar por última vez antes de que los jueces Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino pasen a deliberar para dictar sentencia.

Todo ocurrió a mediados del año 2014. Molina sospechaba de infidelidades de su esposa en momentos que el vínculo entre ambos no atravesaba por sus mejores momentos.

El 27 de agosto de 2014, la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones.

Apenas dos semanas después, Molina y el juez federal Carlos Vicente Soto Dávila dispusieron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de quien el secretario sospechaba que era su amante.

Según los fiscales Schaefer y Uriona, en su rol de secretario penal, Molina confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial con destino a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pidiendo que se hicieran escuchas a su pareja y al amigo de la infancia.

Molina argumentó que esos números de teléfonos serían de personas que integraban una organización narco que era investigada por Gendarmería desde 2013.

Un oficial de Gendarmería dijo que le resultó extraño porque en ese expediente se había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos y que los teléfonos que habían intervenido hasta ese momento eran de Paraguay, provincia de Buenos Aires y Mendoza.

El hecho se descubrió en marzo de 2019, luego que Molina fuera relevado de su cargo por beneficiar junto a Soto Dávila a una organización narco que se había instalado en Itatí.

Cuando los empleados judiciales relevaban los elementos que quedaron en la oficina, se toparon con 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.

En gran parte de ellas, aparece el propio Molina insultando y amenazando a su pareja.

El funcionario incluso amenazaba a su mujer con matarse delante de su casa. En una de las escuchas, Molina le dijo: “¿Vos te pensás que me vas a frenar con una puerta si te quiero arrancar el mate? ¿Vos te pensás que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”. Es que el ahora imputado sospechaba que su esposa había pedido una perimetral a la Justicia del Chaco.

Otro gendarme que intervenía en la investigación por narcotráfico en la que Molina pidió la intervención de los dos números fue tajante. Sostuvo que siguió muy de cerca esa pesquisa porque era el único que entendía idioma guaraní y que nunca elevó esos celulares al juzgado y que tampoco sabía a quiénes correspondían.

Un oficial de la fuerza dijo que Molina le comunicó telefónicamente que había ordenado esas intervenciones y que los CD’s con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” porque iban a ser “analizados” por el juzgado. Agregó que le pareció raro el planteo, pero supuso que el secretario contaba con información confidencial sobre el caso.

Para el fiscal Uriona, Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el cese de la investigación, es decir, que podía lograr el archivo de forma rápida luego de obtener las intervenciones ilegales”.

En su alegato, Schaefer sostuvo que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y que “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un arma para disparar. Es decir, usó todos los medios para lograr el objetivo: saber qué decía su mujer y un particular, para atacar”.

Los fiscales dijeron que el mismo día en que se dispuso las escuchas ilegales, Molina y el juez Soto Dávila firmaron “una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión al narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias ‘Cachito’, líder de la organización que operó por años en Itatí y traficó grandes cantidad de marihuana a varios lugares del país”. Todo a cambio de un millón de pesos.

Molina ya tiene una condena de cinco años de prisión por ser considerado integrante de una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal y tenía como cabeza a Soto Dávila, quien recibió seis años por cohecho pasivo y prevaricato.

La Cámara de Casación Penal dispuso que esa pena sea elevada y ahora la causa está en la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Schaefer también quiere que Soto Dávila sea juzgado por las escuchas ilegales. Es por eso que presentó un recurso de Casación contra la resolución de la jueza federal María Belén López Mace, que dictó su sobreseimiento, decisión que fue avalada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.