cómo era la maniobra para dibujar las cargas

La maniobra, no por repetida, era efectiva: altos jefes de la Policía de Rosario embolsaban unos 45 millones de pesos mensuales mediante un fraude al Estado con la carga de combustible a los vehículos policiales, es decir, el imprescindible patrullaje que ayudó a que la inseguridad dejara de ser en el último año y medio la principal preocupación de la ciudad.

La investigación de la Fiscalía Regional Rosario se inició hace diez meses, a partir de un anónimo, lo que suele utilizarse para impulsar una denuncia y no quedar pegado: se sospecha que los datos que allí figuran fueron aportados por otro sector de la Policía que había quedado afuera del reparto del dinero ilegal.

Luego de 38 allanamientos, el 5 de mayo último hubo una veintena de detenidos, entre ellos trece uniformados que llegaron a una audiencia imputativa y este jueves quedaron bajo prisión preventiva. Igual suerte corrieron los dueños, el encargado y una empleada administrativa de la estación de servicios Puma involucrada en la estafa.

Al terminar la audiencia de cautelares, el juez Gustavo Perez de Urrechu tuvo por formalizada la imputación por los delitos de cohecho pasivo, peculado, falsedad ideológica y defraudación, y dictó la prisión preventiva efectiva para todos por 6 meses, y atenuada para la empleada administrativa, quien quedó en libertad bajo ciertas condiciones.

Para el fiscal José Luis Caterina, quien encabezó la investigación con el apoyo de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia, el monto del dinero involucrado en la estafa representaba alrededor del 10% del presupuesto de combustible para la Unidad Regional II de Policía, con jurisdicción en Rosario, donde, según el gobernador Maximiliano Pullaro, hay 280 móviles patrullando a diario. En su mayoría, las patrullas son del Comando Radioeléctrico, que responden a la Agrupación Cuerpos.

El escándalo que se desató tras el megaoperativo que mandó tras las rejas a comisarios de distintas secciones y divisiones de la regional también salpicó al jefe de unidad, el comisario Daniel Acosta, al tiempo que su segundo, Mariano Govi, por el momento acompaña al interventor designado para normalizar Rosario: Claudio Romano.

Tanto Acosta como Romano habían sido fugaces jefes de la UR II años atrás, durante la gestión del gobernador Omar Perotti.

En la audiencia de imputación, el fiscal Caterina describió la operatoria de recaudación ilegal, una maniobra de manual que puede rastrearse al interior de la regional hasta tres décadas atrás y que configura, según dijo el propio secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra, las típicas cajas negras que terminan completando los sueldos de muchos uniformados: “Existen y siempre existieron”. Y aclaró que este caso es “un problema focalizado”.

Había una doble modalidad defraudatoria, explicó la Fiscalía: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas jamás realizadas. Todo en el marco de un funcionamiento que se sospecha fue configurado en 2018, apenas se cambió la reglamentación para la carga de combustible en la UR II. Incluso, la acusación menciona los vínculos existentes desde tiempo atrás entre algunos de los jefes involucrados y el encargado de la estación de servicios.

Desde la Secretaría Privada (la dependencia cuyo titular es la virtual mano derecha del jefe) se aportaba un eslabón fundamental para la maniobra ilegal: al pasar a depender hacía poco tiempo la sección Garage en forma directa de la Jefatura de Policía, y salir de la órbita de la División Logística, no podría haberse ejecutado la operatoria sin que el jefe de la Privada, comisario supervisor Rodrigo Sebastián Domínguez, lo supiera, siempre de acuerdo a la imputación.

A su vez, los funcionarios policiales encargados de la administración, percepción o custodia del combustible se quedaban con las tarjetas de débito denominadas “visa flota”, las que, según la reglamentación vigente, debían quedar en cada móvil o vehículo y a disposición del chofer para facturar al momento de la carga y no en otra ocasión, sostiene la Fiscalía.

Así, los acusados procedían luego a efectuar una sobrefacturación -por encima del combustible efectivamente entregado- o bien una facturación fantasma -sin que mediara ninguna entrega de combustible-, suponiendo en ambos casos un perjuicio a la administración directamente proporcional a una ganancia ilegal de Gas Auto Tiferno SA, el nombre de la sociedad que administra la estación Puma de Ovidio Lagos 3947, indicó Caterina en la audiencia.

“Los funcionarios policiales encargados del combustible detraían los recursos y se configuraban de este modo en actores necesarios de la defraudación por cuanto mentían en las rendiciones de cuenta, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado apócrifamente y no a lo efectivamente cargado en los móviles”, completó el funcionario judicial.

Están acusados de aportar la pata civil a estas estafas la principal accionista y presidenta del directorio de Tiferno, Mónica Juana Bianconi; Oscar Artemio Coullery, socio y director suplente; Daniel Alberto Reynoso, encargado del surtidor y a quien se le incautó una autorización para entrar y salir de la Jefatura de la UR II; y la administrativa María Fernanda De Franco.

Según el mapa del dinero que reconstruyó la Fiscalía, había una suerte de recaudación horizontal antes de que el dinero subiera en el organigrama, aunque por el momento la investigación sólo avanzó hasta la Secretaría Privada de la UR II y hasta la sección Logística de la Policía de Investigaciones (PDI), que no depende de la regional.

De acuerdo con la imputación, desde la División Logística, la mencionada sección Garage, el Comando Radioeléctrico (CRE), Brigada Motorizada, Caballería y Perros, Brigada de Orden Urbano, Cuerpo Guardia Infantería (CGI) y el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) -la mayoría de ellos dependientes de la Agrupación Cuerpos-, entraban y salían los sobres con dinero.

Para probar la acusación, la Fiscalía fotografió a la mayor parte de los acusados saliendo de las oficinas de la estación de servicio con sobres o cajas en la mano, hasta que en febrero pasado la denuncia pública de Norma Acosta, una ex convicta por narcotráfico ligada al clan Cantero, sobre recaudación ilegal con combustibles y también con dinero proveniente del narcomenudeo provocó silencio de radio entre los policías acusados.

La casa de la mencionada Acosta en el barrio Tablada fue baleada hace una semana, cuando la mujer volvió a mencionar apellidos de jefes policiales que, para ese momento, ya habían sido detenidos por la investigación de Caterina, y otros que finalmente no fueron arrestados.

Además del comisario Domínguez, están imputados el comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage; comisario Fabián Darío Fantín, jefe Caballería y Perros; comisario Juan Pablo Pigozzi, jefe BOU; inspector Mario Rodrigo Brest, subjefe Caballería y Perros; inspector Juan Alberto Villordo, responsable de combustible de la Brigada Motorizada; inspectora Nancy Plomer, jefa de Ficheros de la División Personal de la UR II; inspector Franco Sebastián Cuesta, encargado de combustible de PDI; subinspector Javier Norberto Arce (CGI); subinspector Jorge Santiago Delgado, encargado combustible de Logística; subinspector Fernando Miguel Ceballos (GTM); subinspector Gustavo Adrián Bazán (Garage); y subinspector Sergio Darío López, encargado de combustible CRE.

Para la pesquisa fue central el aporte del subinspector López, alias Pata Corta, quien junto a su pareja Plomer (de la División Personal, que no tiene que ver con el circuito de combustible) facturaba con el posnet de la empresa desde su propio domicilio, donde se secuestró “una ingente cantidad de documentación relativa a carga de combustible”.

Otra suma importante de dinero era gestionada por Villordo en Motorizada, quien fue sorprendido al momento del allanamiento en su domicilio cuando se encontraba facturando con más de 300 visa flota sobre una mesa y un posnet de la empresa Tiferno, “munido ya de 13 rollos de facturación de repuesto” y hallándose también alguna documentación relativa al combustible tirada en la parrilla como para prenderla fuego, añadió Caterina.

Delgado, el encargado de Combustible en la División Logística, aparece en escuchas como el encargado de Logística que tenía que recibir los sobres y es quien se cree firma los tickets de varias operaciones apócrifas de carga de combustible en patrulleros, cuyo uso es prácticamente nulo.

Por su parte, el comisario Ramírez, como jefe de Garage, tenía un rol central -y comunicación constante con el mencionado Rodrigo “Chamuyo” Domínguez- ya que recibía las partidas que asigna mensualmente la provincia, que en marzo de este año ascendió a trescientos setenta y nueve millones de pesos, sin contar partidas excepcionales de ajuste que puedan añadírsele a la suma inicial, dice la Fiscalía.

Según la acusación, Chumuyo Domínguez –la mano derecha del jefe de la UR II– recibía pagos quincenales y se ofrecía en escuchas con Ramírez a ejercer “presión a Santa Fe” cuando le rechazaban partidas adicionales o bien en el rubro “contingencias”: adelantos de partidas.

En las escuchas entre ambos se hace referencia al dinero obtenido ilegalmente como “el asado” y, además, en un momento Ramírez le avisa a Domínguez que le había dejado “algo”, que se lo envió con un tal “Serrano”.

También se captó una conversación en la que Domínguez se preocupaba por los datos de carga de combustible de un vehículo en particular. Fue el 13 de mayo de 2024, cuando la Fiscalía envió una inspección a Garage, aunque bajo la forma de investigación administrativa de rutina a cargo de Asuntos Internos. En esas ocasión, Ramírez le avisó al jefe de unidad: el desplazado Acosta.