La Legislatura de Chubut aprobó una reforma clave al Código Procesal Penal que establece el desalojo inmediato de inmuebles usurpados, permitiendo su restitución a los propietarios sin necesidad de esperar la resolución final de la causa penal. Se trata de una iniciativa que contaba con el apoyo explícito del gobernador Ignacio Torres y que recibió dos rechazos en la Legislatura, de una diputada peronista y un diputado de la izquierda.
La medida aprobada el jueves, la introducción de un artículo al Código Procesal Penal, busca agilizar los procesos judiciales en casos de ocupaciones ilegales y garantizar una respuesta rápida a quienes vieron vulnerado su derecho a la propiedad.
“Lo que hace esta Ley es garantizar que, en casos de usurpaciones, el legítimo dueño no deba esperar años para recuperar lo que le pertenece. La Justicia tiene que estar al servicio de las víctimas y protegerlas”, afirmó el gobernador Torres, principal impulsor del proyecto. Según Torres, la reforma representa un avance en la protección de los derechos de los ciudadanos.
En la votación, la iniciativa recibió un amplio respaldo de los legisladores, aunque hubo dos votos en contra. Los diputados Tatiana Goic, representante del peronismo y del gremio de Camioneros, y Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, se opusieron argumentando que la nueva normativa podría ser utilizada en perjuicio de los pueblos originarios.
“Estas normas se dictan en un contexto social y político. Este proyecto no surge de la nada, sino después de declaraciones del gobernador en un acto”, dijo Goic, en referencia a un acto reciente en el que Torres se refirió a usurpaciones en el Parque Nacional Los Alerces.
Desde el oficialismo, sin embargo, rechazaron esta interpretación: dijeron que los pueblos originarios tienen sus propias tierras y aseguraron que la reforma está diseñada exclusivamente para casos de usurpaciones ilegales que vulneren derechos individuales.