Un megaoperativo que agentes de la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo en Mar del Plata terminó con cuatro detenidos de distintas nacionalidades, un argentino, un tunecino, un marroquí y una mujer siria, nueve armas de fuego de mediano y largo alcance, algunas semiautomáticas; más de dos mil municiones y un número aún mayor de fulminantes. Ese es el marco de una red de inmigración ilegal que resultó desbaratada por la investigación de un año y medio que culminó en los múltiples allanamientos el jueves en distintas partes de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Agentes de la PNA llevaron a cabo este jueves varios allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación que comenzó en marzo de 2024, por una notificación del Ministerio de Seguridad. Como resultado de los allanamientos de las últimas horas, resultaron detenidas cuatro personas: una ciudadana siria de 52 años, un tunecino de 33, un marroquí de 49 -todos ellos también nacionalizados argentinos- y un argentino de 60. Lo incautado a los detenidos, en cambio, resulta notoriamente numeroso.
En colaboración con personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a las cuatro personas identificadas y detenidas se las requisó y le fueron incautadas nueve armas de fuego y siete armas blancas. En cuanto a las de fuego, se trata de una carabina Ruger calibre 9 milímetros, un fusil de repetición Sabatti ST-18 calibre .308, una carabina CZ calibre .22, un subfusil Walter MP5 calibre .22, dos pistolas semiautomáticas CZ 9 milímetros, una pistola Ruger del mismo calibre, una pistola Ballester Molina calibre .22 y un revólver calibre .32 largo sin documentación respaldatoria. Las armas blancas corresponden más bien a facas y cuchillos de caza.
Además, se secuestraron 3,4 kg de pólvora para recargar municiones, una máquina para recargar vainas, una caja con vainas servidas de distintos calibres, 1.765 cartuchos calibre .22, 861 municiones calibre 9 milímetros, 380 proyectiles calibre .308, 4.200 fulminantes y más de 2.600 puntas para recarga de distintos calibres. Más de lo secuestrado: pesos y dólares en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, cámara de fotos, un postnet y memorias externas.
También las autoridades se incautaron de documentación de jurisdicciones extranjeras que podrían resultar de utilidad para descifrar el real alcance de la organización. Por ejemplo, se secuestraron actas de matrimonio labradas en países árabes.
Todo comenzó, en marzo de 2024. Se trató de una investigación preliminar de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a raíz de una denuncia presentada por el Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad nacional, respecto a un ciudadano egipcio que ingresó a la Argentina en noviembre de 2022 y pidió su admisión como “refugiado”.
Según la información original con la que contaban las autoridades, ese hombre de nacionalidad egipcia tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda, quien era, a su vez, buscado por las autoridades de Egipto por su participación en actividades terroristas.
Meses más adelante, el egipcio radicó ante la Delegación Mar del Plata de la DNM un trámite para obtener la ciudadanía argentina y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en esa ciudad balnearia. También se pudo determinar que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí imputado (y detenido este jueves).
La UFECO, entonces, comenzó a investigar (con colaboración de agencias internacionales) si el egipcio y sus vínculos en Argentina podrían estar vinculados a actividades del crimen organizado, desde la ciudad de Mar del Plata. Por eso se radicó una investigación ante la Fiscalía Federal 2 de esa ciudad y por la implementación del nuevo sistema acusatorio en esa jurisdicción, tomó intervención el Área de Transición de la Unidad Fiscal marplatense.
Las diligencias investigativas encomendadas a la Central de Investigaciones de la Prefectura, que incluyeron tareas de campo, análisis de bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos y comunicaciones -algunas de ellas en árabe-, permitieron identificar a los principales implicados y los vínculos entre sí. Así se estableció que se trataría de una organización delictiva integrada por personas de países del mundo árabe pero nacionalizadas argentinas, quienes habrían intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de extranjeros en Argentina, todo a cambio del pago de sumas de dinero.
Las maniobra detectadas comprendían la simulación de matrimonios con ciudadanos argentinos para iniciar trámites de residencia y, eventualmente, poder acceder a la ciudadanía; la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados; o, cuando se trataba de ingresos mediante puntos habilitados, la realización de acciones tendientes a permanecer en el país eludiendo los controles migratorios.
Además se concluyó que la organización mantenía fluidas comunicaciones con contactos en Medio Oriente, que actuaban como nodos de coordinación para los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, por lo que se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Así, se advirtió que la organización apelaba a la figura de “refugio” como mecanismo para obtener residencias precarias y avanzar en trámites migratorios, y sortear los controles administrativos; en vez de su empleo pertinente, como mecanismo de protección internacional.