qué se sabe del horror que vivieron las víctimas y la trama narco detrás

Era viernes 19 de septiembre cuando pasadas las 21 horas Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker color blanca que las pasó a buscar por una esquina de Ciudad Evita, en La Matanza.

Las tres chicas iban ilusionadas. Les dijeron que les iban a pagar 300 dólares a cada una para asistir a una fiesta. Era un anzuelo irresistible pero lo que no sabían es que era todo mentira.

Nada justificó el horror que vivieron las jóvenes en la casa de la calle Chañar 702 del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela, al sur del conurbano. Ese fue el lugar elegido para mantenerlas encerradas, torturarlas, amenazarlas y asesinarlas.

No existe justificación para tan aberrantes femicidios. Se cree que los asesinos, parte de una organización narco peruana, quisieron dejar un mensaje por el robo de droga. Se habló de 30 o 40 mil dólares y hasta 400 kilos de cocaína. En el expediente no hay mención a cantidades de ningún tipo.

Por los homicidios, las familias continúan pidiendo justicia mientras que hay once personas imputadas, tres prófugos con captura internacional y otros que aún faltan identificar. El triple crimen de Florencio Varela fue un “acontecimiento triste, salvaje, inhumano, cruel, violento, desalmado, brutal y despiadado”, según lo calificó el fiscal Adrián Arribas, quien pidió que la causa pase al fuero federal por estar vinculada al narcotráfico.

La investigación seguramente siga bajo la órbita de la Justicia federal de Morón, con la fiscal Mariela Labozzeta y el juez Jorge Rodríguez. La familia de Lara presentó una apelación para que continúe en La Matanza, pero según pudo saber Clarín, el Juzgado de Garantías interviniente dictó que la causa pase al fuero federal, que debe responder la próxima semana si toma la investigación.

Este sábado se cumplieron 50 días del inicio del caso. La noche del viernes 19 de septiembre, las chicas llegaron a Florencio Varela. El celular de Lara y Brenda dio que estuvieron en el lugar entre las 22.41 y 23.14. Más tarde, una antena de Capital Federal registraría el paso de uno de los teléfonos, pero se cree que fue antes de descartarlo. Nunca se encontrarían los aparatos de las víctimas.

Ya era sábado y las chicas no habían regresado a sus casas, por lo que familiares fueron a hacer la denuncia a la comisaria 3ra de Ciudad Evita. Allí comenzaron las primeras actuaciones con la supervisión del fiscal Gastón Duplaa, de turno en La Matanza, por averiguación de paradero.

No conformes por el avance de la investigación, los familiares empezaron a reclamar cortando la rotonda de La Tablada y pidiendo la presencia de los medios de comunicación. En pocas horas ya se conocía la búsqueda de Lara, Morena y Brenda.

Sus familias dijeron que las chicas eran trabajadoras sexuales en la zona de Flores y que Lara las había invitado a Morena y Brenda (primas entre sí) para ir a una fiesta donde les pagarían 300 dólares. Semanas antes había ido a la casa de un hombre en un barrio cerrado de Canning donde le iban a pagar 200 dólares “sin que les tocara un pelo”, según declaró una amiga de Lara.

El lunes, la DDI de La Matanza tenía un radio de posible ubicación de donde estuvieron las chicas. Hasta allí fueron detectives. Finalmente, el martes 23 se identificó a la casa del horror y se llevaron a cabo las primeras cuatro detenciones.

Los detenidos fueron dos parejas. La primera fue la de Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Estaban en la puerta por ingresar a la casa. Según se dijo, fueron los encargados de limpiar las manchas de sangre, pero ellos expresaron que iban a cuidar al hijo de Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), los dueños de la vivienda y también apresados en un hotel de la zona.

Los padres de las chicas se enteraron por la televisión que habían encontrado tres cuerpos en la casa allanada. Estaban enterrados en un pozo en el patio. En ese momento, la policía les dijo que tenían que ir a la morgue de Lomas de Zamora para reconocer a tres mujeres. También les brindaron contención psicológica.

Las familias confirmaron que los cuerpos eran los de Lara, Morena y Brenda. En la noche de ese miércoles trascendieron los primeros detalles de la autopsia. Las tres fueron torturadas antes de ser asesinadas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que se trató de un crimen vinculado a una organización trasnacional y que la investigación apuntaba a una venganza narco. Además, expresó que las torturas fueron trasmitidas por una aplicación para “dejar un mensaje” a los bandos medios.

La principal hipótesis es que se habían quedado con droga o dinero del negocio narco. El ministro incorporó un nombre que será clave en el caso: “Pequeño J”, un narco peruano del que no se tenía identidad hasta el momento, pero que fue nombrado por uno de los detenidos.

Con el tiempo se supo que conocía a Lara ya que se comprobó que estuvieron dos semanas antes de los crímenes caminando juntos con otros jóvenes por el barrio de Flores.

“Yo no las maté, fue Jota que vende drogas y Matías Ozorio el que las cobra. Yo ya les pagué”, declaró ante la policía González Guerrero cuando fue detenida. Allí se incorporó, además de “Pequeño J”, el nombre de Ozorio, vinculado al joven narco peruano.

Mientras era buscado, otro hombre fue detenido. Se trató de Víctor Sotacuro Lázaro (42), señalado en la investigación como quien conducía un Volkswagen Fox blanco que fue de apoyo. Se entregó en Villazón, a 600 metros de la frontera del lado de Bolivia. Dijo que se había escapado porque lo habían amenazado. Antes, hizo borrar todo el contenido de su celular.

Dijo que era remisero y que un hombre, al que identificó como “El Loco David” y que lo conocía del barrio de Bajo Flores, lo contrató para que vaya a buscarlo.

El mismo día cayó Iván Jeremías Giménez (28), conocido como “el pocero”. Fue señalado quien hizo el pozo donde aparecieron los cuerpos de las chicas y de taparlo. Lo identificó un conductor de un auto de aplicación que lo llevó desde la casa con dos palas. Él se defendió y dijo que se las dieron en forma de pago para cubrir unos centímetros del pozo, pero que no participó de los crímenes.

El lunes 29 de septiembre, Milagros Florencia Ibáñez (20), quien defendió a su tío en varios medios de comunicación, fue detenida en Palermo a la salida de una entrevista. Horas antes había pactado la entrega del Volkswagen Fox a la Policía.

La causa avanzaba y tenía ya siete detenidos, todos acusados del triple homicidio agravado, pero faltaban las (hasta el momento) personas más buscadas y que eran señaladas como las ideólogas de los asesinatos.

Era martes 30 por la tarde cuando se conoció la detención de Matías Agustín Ozorio (28). Estaba solo, en una plaza de Lima, en Perú, a más de 3.450 kilómetros de Florencio Varela. Cuando la Policía Nacional lo encontró dijo que un grupo narco lo había secuestrado, al que describió como “una mafia”.

Señaló que ingresó desde la selva de Paraguay y que escapó de Trujillo. Las últimas 48 horas dijo que las vivió en la calle. “Nos están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”, se defendió. Ozorio tenía en sus bolsillos papeles con números de teléfonos anotados y una imagen de Messi al momento de ser detenido.

Cuando todavía se estaban conociendo detalles del arresto llegó la información de que “Pequeño J”, ese joven que días antes habían identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano (20), era detenido a unos 70 kilómetros de Lima.

Estaba escondido en un camión que transportaba pescado. Intentó escapar, pero lo agarraron. Fue gracias a un trabajo de la DDI de La Matanza, Interpol y de la Policía de Perú. Cayó por un error de novato: siguió usando su teléfono, con el que mantuvo comunicaciones.

Ozorio fue expulsado de Perú el 2 de octubre. Una comitiva de 10 policías lo fue a buscar desde Argentina. Era su bautismo aéreo. Cuando llegó a Buenos Aires fue trasladado en medio de un operativo especial del UTOU de la Policía bonaerense, que incluyó vigilancia por tierra y por aire con dos helicópteros. Mientras está detenido, pide libros para leer.

El viernes 3 de octubre fue interrogado “Pequeño J” en Perú por la Justicia de su país. Se negó a declarar, no aceptó la extradición simplificada y le dictaron la prisión preventiva por nueve meses.

El expediente comenzó a sumar distintas declaraciones, tanto de testigos como de los imputados que pidieron (en algunos casos) ampliar su indagatoria. Una particularidad de la causa, que contó con la colaboración de la la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), fueron los testimonios aportados por los denominados “buchones”.

Es decir, personas que no querían ser identificadas y que por medio de terceros aportaban datos. Así llegaron a identificar varios miembros de la organización narco. Dos de ellos fueron David Gustavo Morales Huamani (36), alias “El loco David” o “El Tarta”, y Alex Roger Ydone Castillo (50).

El primero fue señalado por Sotacuro Lázaro por ser quien lo contrató para que lo pase a buscar por Florencio Varela. El segundo es la pareja de su sobrina Ibáñez y quien, según dijo la mujer, le habría confesado que le había robado droga y que iban a recuperarla dándole un susto a un hombre, pero no matando a las chicas.

“Quiero aclarar que si Alex hizo todo lo que nos hizo, engañarnos constantemente. En lo único que puede ser creíble dentro de esta estafa hecha por Alex, es cuando nos dijo que no iban a matar a las chicas, sino apretar a un chico para que les devuelva la droga”, expresó también al respecto Sotacuro Lázaro, y agregó que fueron 378 kilos de droga los robados a “El loco David”.

En una de sus cuatro declaraciones (sin obligación de decir verdad), González Guerrero aportó datos de interés para la causa en donde describió roles, identificó a personas y relató situaciones hasta el momento se desconocían.

Primero señaló a Sotacuro Lázaro como el jefe de la organización y que estaría por arriba de “Pequeño J”. También mencionó a un hombre “de tez blanca, canoso, de nacionalidad peruana y con una pistola Glock en la mano” que llegó con las chicas en la camioneta Chevrolet el viernes 19. Hasta el momento no fue identificado.

Luego apuntó contra su pareja, Villanueva Silva, sobre quien dijo que le confesó que él había matado a una de las chicas cuando intentó escapar. “Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego a Morena y última a Lara”, indicó.

Con el análisis de la información, el fiscal Adrián Arribas cambió el jueves 16 de octubre la hipótesis del caso. Paso de ser un triple femicidio agravado a ser considerado una privación ilegal de la libertad seguida de homicidio agravado. Para los hombres imputados les agregó el agravante del contexto de violencia de género.

Cuando pidió las prisiones preventivas para los ocho detenidos en la Argentina, el fiscal Arribas consideró el “alto grado de agresividad” que tuvieron los imputados en su plan para matar a Lara, Morena y Brenda.

“Debe destacarse que las tres jóvenes presentaban distintos tipos de lesiones, perpetradas con diversos mecanismos violentos, los cuales denotan por parte de los coautores no sólo un claro desprecio por la vida, sino también una evidente intención de que las mismas sufran un padecimiento extraordinario e innecesario, habiendo previamente seleccionado los instrumentos letales a tales fines”, manifestó.

Y agregó que “en el triste acontecimiento salvaje, inhumano, cruel, violento, desalmado, brutal y despiadado (recordemos y pensemos en tres personas que tenían toda una vida y una plena juventud por el delante), los imputados solo tuvieron en miras su aniquilamiento, generando el clima de hacerlas sentir ‘la venida de la muerte’ como el acto es moroso por excelencia, en donde los agresores fueron provocando lesiones que eviten que la muerte se produzca inmediatamente”.

En el mismo requerimiento solicitó que la causa pase al fuero federal al manifestar si incompetencia en el caso al considerar que se trata de un tema vinculado al narcotráfico.

Ya con el pedido de prisiones preventivas y a la espera de que la Justicia federal de Morón acepte el tratamiento de la causa, la declaración de una testigo apuntó contra Mónica Débora Mujica (37), esposa de Sotacuro Lázaro y tía de Ibáñez.

Sostuvo que ella sabía de se iban a cometer los tres homicidios y que estaba vinculada a la venta de drogas. En base a esa descripción, la mujer fue detenida el viernes 24 de octubre.

Pero no fue Mujica la última detenida en la causa. La declaración de la testigo apuntó también a otra persona, llamada Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), un narco peruano detenido en una alcaldía de la Policía Federal Argentina.

Conocido como “El Señor Jota” o “Jota”, está señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Estaba detenido en la Alcaldía de la PFA de la calle Cavia al 3500, aguardando la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Estaba señalado como miembro de la organización “Los Pulpos”, con sede en Trujillo y que tenía como principal acción la venta y distribución de droga.

“Ese es papá”, afirmó González Guerrero en otra de sus declaraciones. La mujer reconoció en una foto que le exhibieron. “Todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacían lo que él quería, los mandaba a torturar (aclara que matar no porque le servían), inclusive esas torturas eran filmadas y enviados al resto de los integrantes”, aseguró.

Es decir que, según su declaración, Cubas Zavaleta está por arriba de Sotacuro Lázaro y Valverde Victoriano en la organización. El imputado declaró el 28 de octubre. Negó ser líder de una organización narco, dijo que está detenido por una desobediencia y que en Perú fue policía.

Pasaron 50 días y la investigación continúa, no solo en procura de localizar a los tres prófugos, sino también para identificar a otro sospechoso, que en el expediente es descripto como “el hombre canoso” y que se convirtió en uno de los interrogantes de este caso.