Nicolás Boniardi Cabra, el exabogado de Emerenciano Sena que fue detenido la semana pasada acusado de grabar a los posibles jurados del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, protagonizó un nuevo escándalo en las últimas horas, cuando un perito denunció que amenazó con “romperle los dientes”.
Así lo confirmaron a Clarín desde el Ministerio Público Fiscal de Chaco, que indicaron que el abogado volvió a quedar detenido en la mañana del miércoles tras permanecer algunas horas prófugo.
Boniardi Cabra es conocido dentro del ambiente judicial de Resistencia por un historial de intervenciones polémicas. “Juega a embarrar la cancha, esperábamos que tenga una de estas”, contó la semana pasada una fuente judicial.
Fue parte del equipo judicial que defiende a Emerenciano Sena hasta la semana pasada, cuando cayó detenido por un presunto intento de filmación dentro de la sala de audiencias. En esa ocasión, el abogado Ricardo Osuna, quien encabeza la defensa del líder piquetero, se despegó de él y dijo que no trabajaban más juntos. Este miércoles volvió a negarlo y habló de “problemas de salud” que enfrenta el joven.
Boniardi Cabra había sido detenido el pasado miércoles en el Hotel Gala de Resistencia, donde se desarrollaba la audiencia de selección de jurados, cuando un policía que custodiaba el proceso lo vio manipulando el celular, en lo que parecía un intento de filmar al jurado, un punto expresamente prohibido.
Por ese motivo, se lo increpó y se le pidió que muestre el teléfono. Al negarse, la jueza técnica Dolly Fernández ordenó su detención por posible desobediencia judicial. Mientras intentaba salir del hotel, la policía lo detuvo y lo subió a un móvil, donde pasó dos noches en una comisaría de Resistencia.
A la par le secuestraron el celular, un iPhone 13 que fue enviado a peritar para comprobar si efectivamente había llegado a grabar, algo que no está del todo en claro según los testigos que vieron la secuencia ese día.
Ayer martes por la mañana, Boniardi Cabra se presentó en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para testificar durante la pericia. Se le dio la oportunidad de entregar voluntariamente el pin del teléfono para desbloquearlo y realizar el peritaje correspondiente, pero se negó.
Allí fue que se trenzó con uno de los peritos, de nombre Facundo Toledo. El abogado lo amenazó y Toledo ordenó que lo saquen con la fuerza pública.
“Si lo tengo que buscar en la fiscalía y romperle los dientes lo voy a hacer”, dijo Boniardi Cabra a una colega de Toledo. Por ese motivo, el perito realizó la denuncia. Horas más tarde, se ordenó su detención.
En la mañana del jueves, la abogada de Boniardi Cabra pidió eximirlo de la prisión pero fue inmediatamente denegado. Cerca de las 10, se entregó en la sede de la fiscalía.
A la par, el perito Toledo confirmó que no se pudo desbloquear el celular de Boniardi Cabra.
El análisis había sido ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 1, en la causa que investiga la fiscal Ana González de Pacce, que le toca averiguar si efectivamente existió la filmación. Se intentó utilizar el software de la empresa Cellebrite Inseyets UFED, pero se informó que por el modelo del teléfono y su sistema operativo aún es imposible acceder a la memoria interna.
Boniardi Cabra estaba trabajando con Osuna desde el comienzo del caso, en junio de 2023. En aquel momento era también asesor en el Ministerio de Seguridad de Chaco, que lo desvinculó de manera inmediata cuando se enteraron por los medios que se había sumado a la defensa de los Sena.
Ajenos a esta situación, esta mañana continuaban las audiencias en el juicio por el femicidio de la joven desaparecida en junio de 2023. Estaba previsto que declaren unos ocho testigos, todos ellos peritos técnicos propuestos por la fiscalía y la querella.
Ayer martes, peritos informáticos testificaron sobre las últimas búsquedas que realizaron Cecilia y su pareja, César Sena, en Google. Mientras la joven buscaba información sobre su viaje a Ushuaia, César Sena realizaba búsquedas sobre cómo luxar un brazo o romper una muñeca.
El caso está siendo juzgado por un jurado popular. César está acusado de ser el autor del crimen, mientras que sus padres son apuntados como partícipes primarios. Además hay otros cuatro colaboradores imputados por encubrimiento agravado.