denuncian que un jefe de policía borracho agredió a médicos e intervienen la comisaría

Lo que debía ser el cierre de un operativo de salud solidario terminó en un escándalo en Taco Pozo, Chaco, este domingo. Un grupo de 59 profesionales de la salud —médicos, kinesiólogos y enfermeros de la asociación civil “Todos por Todos”— regresaba hacia Córdoba después de una semana de trabajo gratuito en la comunidad, cuando fueron interceptados por el comisario Daniel Augusto Melchiori.

“Nos tira el vehículo encima y cuando bajamos el vidrio para preguntar qué pasaba, esta persona —vestida de civil y con un estado de ebriedad evidente— le mete tres trompadas en la cara a nuestro chofer. Le cortó el labio y también lo golpeó en el pecho y en la espalda. Después intentó sacarle las llaves del auto”, relató a Clarín Manuel Linares, uno de los médicos presentes.

La camioneta de “Todos por Todos” circulaba a 45 kilómetros por hora por la avenida San Martín, en Taco Pozo, un pueblo situado a 500 kilómetros de Resistencia, Chaco, según el relato de Linares. Lo que al principio parecía un incidente aislado se volvió aún más grave al llegar a la comisaría: los voluntarios descubrieron que el agresor no era un vecino cualquiera, sino el comisario Melchiori, jefe de la policía local, con más de veinte denuncias por abuso de autoridad y violencia.

En medio de los reclamos, una de las médicas voluntarias, Candelaria, fue detenida sin justificación. “La ingresaron a la comisaría sin darnos ninguna explicación y tampoco querían tomarnos la denuncia”, contó el médico. Según los testimonios, el comisario se retiró del lugar y recién entonces los policías restantes aceptaron tomar las declaraciones.

“Al rato lo vimos salir de la seccional ordenando a sus oficiales que secuestraran todos los vehículos de la fundación. El vuelve vestido con una ropa diferente, con toda la bragueta abierta, el pelo con gel, y toda la cara de vuelta transpirada y las pupilas dilatadas. Y sale como si fuera indestructible, con un complejo de grandiosidad”, explicó el médico.

Según relató Linares, el estado de ebriedad del comisario Melchiori era inconfundible: el olor, la falta de coordinación motriz y la agresividad lo delataban. Tras el episodio, se resolvió intervenir la comisaría de Taco Pozo y apartar de su cargo al entonces jefe policial, Daniel Augusto Melchiori.

“El ministro de Seguridad, Dr. Hugo Daniel Matkovich, ordenó la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI), que desde este lunes llevará adelante una investigación interna para establecer las responsabilidades correspondientes”, explicó el comunicado.

La asociación “Todos por Todos” lleva más de trece años trabajando en operativos sanitarios en el norte argentino, pero aseguran que “es la primera vez que viven una situación de este tipo”. “Queremos dejar en claro que esto se trata de un operativo humanitario, con decenas de testigos y videos de la agresión. No vamos a dejar que quede en silencio”, subrayó Linares.

La situación escaló hasta niveles insólitos. Tras la detención arbitraria de la médica voluntaria Candelaria, los profesionales de la salud denunciaron que no existía registro alguno de su paradero. “Era como si fuera una desaparecida, ella no estaba en el sistema de la comisaría”, contó Manuel Linares.

El propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, intervino y se comunicó con su par de Chaco. Recién entonces, ante la presión política, la Policía chaqueña ordenó la liberación inmediata de la médica, la devolución de los vehículos y que finalmente se tomaran las denuncias.

Sin embargo, las irregularidades no terminaron ahí. Según el testimonio de los médicos, la detención constituyó una privación ilegítima de la libertad: no se informó a la Fiscalía de turno de Sáenz Peña, como establece la ley. Incluso el fiscal intentó comunicarse con la comisaría, pero no obtuvo respuesta.

Lo más llamativo fue que la denuncia quedó firmada por el propio jefe de la comisaría, el comisario Melchiori, señalado como el agresor inicial. “Después de todo esto, desapareció de la seccional y se fue a una casa que tiene pegada a la comisaría. No sabemos cómo salió, pero claramente no por la puerta principal”, detalló Linares.

Hace 13 años que la fundación “Todos por Todos” realiza tareas comunitarias en Taco Pozo y nunca tuvieron problemas con la policía hasta este domingo. Incluso, mantienen una gran relación con los lugareños. “La gente siempre es súper agradecida, te ayudan con todo, en las estaciones de servicio, en los hoteles que nos quedamos, en casas de familia, o sea, es una comunidad muy buena”, contó Linares.

El episodio también dejó al descubierto el temor de los propios vecinos de Taco Pozo. “Mucha gente se acercaba a la comisaría con miedo, porque saben que el comisario puede hacer lo que quiera. Desde la casita que tiene al lado, los espiaba claramente”, relató Linares.

A pesar del miedo, la comunidad intentó respaldar a los médicos. “Nos decían: ‘no aflojen, hay que denunciarlo’. Nos acercaban papelitos, nos traían mate, café, torta. Querían movilizarse a través de un grupo de WhatsApp”, recordó el médico, emocionado por los gestos de apoyo.

Pero lo que más conmovió a los voluntarios fue la naturalización de la violencia policial. “Lo más triste es ver cómo conviven con esta opresión desde hace años. Este comisario lleva apenas dos años en Taco Pozo y ya acumula más de veinte denuncias”, aseguró.

Los vecinos compartieron historias que pintan de cuerpo entero el accionar del jefe policial. “Una mujer nos dijo: ‘Mis nietos estaban jugando en la plaza, tomando una gaseosa, y el comisario pasó, los reventó a trompadas y los metió en la comisaría. Y no hay nadie que los defienda. Nadie los conoce, nadie los salva’”, transmitió Linares.

La abogada Adriana De Langhe, que junto a su hermana Fiorella De Langhe y la doctora Anahí Tévez asesoran legalmente a los vecinos de Taco Pozo, advirtió que lo sucedido con los médicos no es un hecho aislado.

“Este comisario viene acumulando denuncias desde hace dos años, que es el tiempo que lleva en el pueblo. La gente lo señala por abusos de autoridad, golpizas, ingresos a domicilios sin orden judicial y hasta amenazas a sus propios subordinados”, explicó.

Según De Langhe, las víctimas son en su mayoría personas carenciadas, lo que agrava la situación: “Muchos no tienen recursos para sostener una denuncia ni medios para trasladarse a los tribunales de Sáenz Peña, que están a 300 kilómetros. Los testigos tienen miedo, y a quienes se animan a hablar los hostigan”.

Los relatos que llegan a su oficina son estremecedores: vecinos lastimados con dientes rotos, jóvenes golpeados en la plaza, motos incautadas sin justificación y hasta un oficial de la misma comisaría que denunció haber sido echado y amenazado de muerte por el propio jefe policial.

El propio intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez, había elevado en reiteradas ocasiones notas alertando sobre la grave situación que sufría la comunidad. Aun así, el comisario se mantenía en funciones hasta este domingo, cuando finalmente fue apartado tras hacerse público el violento episodio con los médicos.

“No existen motivos. Las causas son armadas después de los hechos. Es un accionar que ya excede la irregularidad administrativa: son conductas tipificadas como delitos en el Código Penal. “Estamos hablando de hechos muy graves. No recuerdo un antecedente semejante en Chaco en los últimos años”, afirmó la letrada.