Este miércoles, a través del Decreto 341/2025 publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que a partir de ahora la discusión con los gremios para fijar el sueldo mínimo ya no estará en manos de la secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sino que se trasladará al ámbito provincial, reduciendo el papel del Estado al de arbitrar la pulseada, manteniendo el poder de veto.
Concretamente, la paritaria nacional docente permitía que las agremiaciones y el Gobierno nacional definieran un piso salarial, además de discutir condiciones laborales y otras cuestiones vinculadas al ámbito de las escuelas. Luego, los distritos se apoyaban sobre esa base para llevar adelante sus negociaciones. Sin embargo, el esquema fue perdiendo volumen tras la llegada de Javier Milei al poder. De hecho, a fines de marzo, al no alcanzar un acuerdo, Nación estableció por decreto un piso salarial de $500 mil para el rubro.
Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la iniciativa, asegurando que se devuelve “la negociación al lugar que corresponde: las provincias y el Consejo Federal de Educación”.
“El federalismo es menos intromisión del Estado Nacional en asuntos provinciales, es menos burocracia y es más poder para las provincias. Pero, siempre bueno recordar la frase más famosa jamás escrita en un comic: como dice el tío de Peter Parker, ‘cuanto más poder, más responsabilidad'”, reflexionó el economista.
Alerta en provincias por el futuro de la paritaria nacional docente
Por el contrario, algunas provincias advirtieron sobre una nueva deserción por parte del Estado, mientras que otras se limitaron a esperar mayores detalles del anuncio, dado que actualmente tienen paritarias abiertas y busca no generar ruidos puertas adentro. La mayoría dio cuenta de que aguardaban la letra chica del anuncio oficial. Se quejaron, sin embargo, de los modos inconsultos de la Casa Rosada.
El ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar, mencionó a Ámbito que “al igual que muchos anuncios, no conocemos la letra chica” ni la “explicación en el Consejo Federal de Educación”. De todos modos, el funcionario de la administración de Alfredo Cornejo advirtió que “más descentralización sin recursos no resuelve los problemas”.
Más a fondo fue su par de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, quien aseguró a este medio que se trata de la “destrucción de lo que nosotros denominamos la “nación educativa'”. “Es una invitación a la fragmentación educativa del país. Cada provincias hace lo que puede y no hay un Gobierno nacional que marque un rumbo. Una noticia triste”, graficó el funcionario bonaerense.
Acto seguido, Sileoni calificó a la medida como “un daño para el salario de los educadores de todo el país”, ya que la paritaria nacional fijaba un salario mínimo sobre el que después se apoyaban las provincias para elevar sus propias propuestas. En esa línea, recordó que en territorio bonaerense hay obras en 80 escuelas públicas paralizadas por Nación.
“Prácticamente una de las primeras medidas educativas que tomó el Gobierno fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) Si estuviera vigente, para un docente con dos cargos podría significar algo así como $230 mil que es una suma importante en sus salarios”, completó.
Y cerró: “Es coherente con una línea política y hasta ética de un Gobierno nacional desinteresado por la suerte de las personas y de las provincias”.
Vale recordar que en 2024, una de las primeras medidas de Milei fue dar por tierra con FONID, un ítem que terminó siendo absorbido por muchas provincias con el objetivo de que los maestros no pierdan poder adquisitivo. Precisamente, desde una jurisdicción patagónica dijeron a Ámbito que ese fue el verdadero sablazo a las arcas y que el nuevo decreto “no cambia su realidad”.
Rechazo de CTERA al decreto oficial: “Gravísimo retroceso”
Por su parte, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) salió con los tapones de punta contra la medida, a la que consideró como un “gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo”. El gremio ya había convocado a un paro nacional para este jueves en reclamo de mejoras salariales.
Al respecto, Silvia Alzaman, del Consejo Directivo de CTERA, aseguró que el decreto “vulnera fuertemente el derecho a la educación y a un salario digno para los trabajadores de la educación, transfiriendo responsabilidades del Estado nacional a las provincias”. Alzaman recordó que, además del piso salarial, en la paritaria nacional se establecían condiciones laborales y también ítems como conectividad y material didáctico y que Nación disponía del Fondo de Compensación para aquellos distritos que no podían garantizar el salario mínimo. Sobre este aspecto, denunció un proceso de “atomización” de la educación.
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“El Estado se desentiende y les traslada la responsabilidad a las provincias, porque ahora ellas van a definir ese piso salarial. Nosotros ya discutimos salario provincial con ellas. No funciona el fondo de compensación salarial, no transfieren el FONID. En consecuencia, también se da en el marco del ajuste educativo nacional. Hay una subejecución del Presupuesto. No está actualizado a valores vinculados con la inflación”, advirtió la dirigente.
En ese sentido, comparó la situación actual con la década del 90, donde cada provincia “quedó librada a sus recursos”: “Eso concluyó en 2001 y 2002 con provincias que nos adeudaban cuatro o cinco meses de salarios, con situaciones edilicias muy complicadas. Por último, denunció que Nación “se desentiende respecto del compromiso que explícitamente plantean la ley de Financiamiento Educativo, la ley de Educación Nacional y la propia Constitución de garantizar la educación pública y los derechos de los estudiantes y docentes”.
Un ítem que preocupa en particular en las filas docentes es que el Gobierno mantendrá su poder de veto sobre eventuales acuerdos. De hecho, en el AnCham Summit 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que no quieren paritarias por encima del 1% de aumento. La gestión libertaria se negó a homologar el acuerdo suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras. El mismo contemplaba una suba salarial del 5,4% en tres tramos.