Un insólito robo se dio en la sede de la delegación de General Rodríguez del gremio de Camioneros: este domingo a la noche ingresaron desconocidos y se llevaron dos cajas fuertes -una tradicional y una de menor envergadura, adulterada en el trámite- y su contenido. Allí se generó un debate sobre el monto del desfalco.

Es que un parte policial consignó que el robo al gremio de Pablo Moyano implicaba unos 20 millones de pesos y otros 15 mil dólares, que fueron sustraídos con las cajas de seguridad entera.

Pero este lunes, Pablo Osuna, secretario general de la seccional de Luján, de la que depende la delegación gremial asaltada, salió con insistencia a relativizar las cifras, al sostener que les sustrajeron “entre 8 o 9 millones de pesos” y que los números que trascendieron serían el valor de equipos electrónicos y cámaras que les robaron al equipo que maneja el canal de YouTube gremial.

La denuncia fue radicada ante la Departamental de Investigaciones local por Osuna Ruth Selene, de 27 años, quien se desempeña como secretaria de la mujer, diversidad e igualdad de género de la seccional Luján de Camioneros. Osuna lleva el mismo apellido que el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Luján, Pablo Osuna, y del secretario general adjunto de seccional: Osuna Blas Alem Daniel.

Según se desprende del parte policial, la joven denunció que desconocidos habrían ingresado al sindicato cortando el suministro eléctrico de donde se llevaron una caja fuerte que contenía un monto de $ 20.000.000, un libro de actas referente a elecciones o cambios que suele a haber en el sindicato, juy otra caja de seguridad, más pequeña, la cual contenía u$s 15.000.

Sin embargo, según se desprende del relato de Pablo Osuna, el hecho tuvo ribetes extraños. Antes del ingreso al predio, alguien -el viernes anterior- fue detectado cortando la luz. Las alarmas no funcionaron y se denunció que no había nada roto.

Pero el sindicalista Osuna le dijo a TN que forzaron una puerta y que los dólares que se llevaron en una caja fuerte eran de una empleada que guardaba allí sus ahorros personales -una cifra menor a la consignada ante la fiscalía interviniente-.



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